Javier Milei busca adentro y afuera los dólares que el FMI por ahora le niega y que el ministro de Economía Luis Caputo necesita para levantar el cepo. Todo sirve para robustecer las frágiles reservas del Banco Central, por ejemplo, los 372 inmuebles que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tiene previsto rematar.
El organismo, que depende de jefatura de Gabinete, trabaja en el texto de un decreto para habilitar la subasta (y venta directa en el caso de que corresponda) de un universo específico de terrenos fiscales y propiedades del Estado. En la mesa chica del Presidente se ilusionan con recaudar más de US$ mil millones.
Ante la consulta insistente de este diario, fuentes gubernamentales de la AABE señalaron que a pesar del número preciso del que se habla puertas adentro del Ejecutivo no hay claridad sobre cuáles son los terrenos en cuestión ni dónde están ubicados. Confirman la intención del Gobierno de desprenderse de las propiedades, pero destacan que el universo en cuestión está en estudio y puede variar. El proceso de análisis podría demorar 90 días. Antes de llegar al escritorio del Presidente, el texto pasaría al área de Legal y Técnica de la Agencia y a la jefatura de Gabinete.
Según informes oficiales, el organismo controla 5171 inmuebles de los 46.323 que el Estado tiene registrado bajo la administración del Poder Ejecutivo entre ministerios, organismos descentralizados y fuerzas de Defensa y Seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. El intendente de San Isidro y titular de la AABE durante el gobierno de Cambiemos las propiedades ascenderían a 80 mil, aunque no existe hasta el momento documentación respaldatoria y una auditoría interna de la nueva gestión confirme los números mencionados.
Los mayores administradores de bienes del Estado son las Fuerzas Armadas y las universidades nacionales con las que el Gobierno ya chocó de frente por las partidas presupuestarias. Ferrocarriles, el tercero en el podio de los «propietarios», perdió infinidad de metros cuadrados en las últimas décadas. Estas áreas podrían ser apuntadas para poner a la venta.
En la Casa Rosada hablan de los terrenos “ociosos” -una bandera que Juan Grabois también levantó para reclamarle al gobierno de Alberto Fernández el desarrollo de vivienda – aunque funcionarios que conocen el organismo destacan que no son tantos los terrenos sin verdadero uso, aunque podría haber novedades.
Este viernes, el Presidente y el jefe de Gabinete Guillermo Francos firmaron el decreto 636/2024 que le da la AABE la potestad de fiscalizar la documentación de quien utilice un bien mueble o inmueble del Estado y la potestad de fiscalizar ingresar a las propiedades a inspeccionarlas o recurrir a la fuerza pública si no lo habilitaran. La flamante norma también reordena los criterios que debe seguir el organismo para comprar o vender las propiedades del Estado en la Argentina y en el extranjero y para fijar un criterio único para ordenar el Inventario Nacional de Bienes Muebles y/o Semovientes (IByS) que registra todas inmuebles y los bienes muebles del Estado como autos, barcos y maquinaria.
Dos artículos en particular del largo anexo del decreto podrían echar luz sobre los terrenos cuya venta el Estado quiere empujar. El artículo 27 obliga a los jefes de los organismos a declarar “innecesarios” los terrenos o propiedades que no se utilicen. El artículo 28 brinda los criterios para la presunción de innecesariedad. Sobresalen los terrenos “arrendados o concedidos en custodia a terceros”, entre los que deben contarse a los que explotan en comodato cooperativas de organizaciones sociales. También se suman los terrenos ocupados. El decreto solicita la firma de convenios con las 24 provincias para que éstas trasladen al Estado nacional los terrenos fiscales sobre los que están edificados los barrios populares como paso previo para la transferencia a las familias.
Los porcentajes de una hipotética venta seguirán -en líneas generales y por ahora- igual que hasta el momento: el 70 por ciento se lo queda el organismo que tenía la titularidad y el 30 por ciento lo recibe el Tesoro.
El decreto con la firma del Presidente llega después de la Resolución 38/2024 del lunes pasado que obligaba a fijar el criterio para el nuevo inventario que se creó en los tiempos de Mauricio Macri, pero que -igual que en otros casos- no avanzó.
El texto en cuestión, como el anexo del decreto mencionado, lleva la firma del titular de la AABE, el ex funcionario porteño Nicolás Pakgojz, de 29 años, a quien sus detractores le adjudican una cercanía incómoda con IRSA, el grupo desarrollador inmobiliario propiedad de Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más próximos al Presidente, dueño del Hotel Libertador donde el mandatario montó su búnker de campaña y vivió en los primeros días de su gestión. El ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta ordenó una auditoría de los bienes apenas asumió y sobrevivió al despido de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete.
La nueva biblia de la AABE no permite que el Estado utilice sus bienes como forma de pago o compensación a las provincias, una herramienta que incorporó Mauricio Macri para cederle terrenos a la Ciudad para la obra del Paseo del Bajo y que Alberto Fernández derogó.
Según un crítico informe de la AGN, durante la administración de Macri la AABE hizo 71 ventas: 64 subastas públicas, 6 contrataciones directas y 1 licitación pública internacional por US$ 842 millones. Durante el gobierno del Frente de Todos apenas se habrían vendido 5 terrenos, según fuentes y se celebraron más contratos de préstamos en comodato, que también incluyeron reclamos judiciales.
En la mesa chica de Milei se habían ilusionado originalmente con un universo de bienes para vender mucho más grande que le dejara al Estado cerca de US$ 8 mil millones. Con una modificación en los planes, ya piensan en hacer caja antes de fin de año. Además de la venta de IMPSA, en despachos importantes de Balcarce 50 se ilusionan con la venta de Correo Argentino y Tandanor y con la concesión de Corredores Viales.