sábado, 5 octubre, 2024
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Antes de la marcha universitaria, el Gobierno se endurece: ratifica el veto a la Ley de Financiamiento y dice que la protesta tiene «intereses partidarios»

El Gobierno reforzó su cruzada contra el sector universitario y, en la previa a la marcha de este miércoles, se propuso dar una “ batalla cultural” y exponer que se trata de una protesta “motivada por políticos” y con “claros intereses partidarios”, pero que lo hará torcer la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario.

Si bien, como anticipó Clarín la Casa Rosada ya había salido a rechazar versiones que aseguraban que el jefe de Estado analizaba alternativas, este lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a ratificar la posición oficial: “El veto está anunciado y será total. La fecha de sanción será en estos días”, indicó en Radio Mitre.

Las especulaciones habían comenzado por las demoras en la publicación del veto, algo que altos funcionarios mileístas se encargaron de aclarar: “No queremos dar motivos para que la política utilice a la gente, por eso el veto sale después de la marcha, el mismo jueves”, confiaron a este diario.

Ese mismo día, a las 23.59, se vence el plazo de 10 días hábiles que tiene el Ejecutivo para rechazar un proyecto una vez que es aprobado por el Congreso.

Luego de que la semana pasada fracasaran las negociaciones por la paritaria con los docentes, Milei le ordenó a su tropa iniciar “una batalla cultural” y utilizar el conflicto como un nuevo ejemplo del principio de revelación, para visibilizar los “claros intereses partidarios” que según el Gobierno tienen los organizadores de la marcha.

“Rechazan el aumento que ellos mismos pidieron por qué no quieren un acuerdo y quieren hacerle daño al Presidente”, dicen en el Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello sobre el rechazo de los gremios docentes a la oferta paritaria que realizó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, que planteó un incremento del 5,8 por ciento adicional al 1% previsto para los estatales.

En la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, le pusieron números: “Rechazaron 17 mil millones de pesos mensuales”, cuantificaron. Sobre este punto, en Balcarce 50 se encargaron de aclarar que “no habrá una propuesta superadora” después de la marcha, a pesar que está prevista una reunión la próxima semana: “No hay un solo peso más, si no quieren firmar les tendrán que explicar a los docentes porqué se pierden un aumento por cuestiones políticas”.

En la ofensiva contra el sector, el Gobierno no distingue entre los gremios docentes y los rectores universitarios. El enojo contra estos últimos fue creciendo en las últimas semanas y tiene a la conducción de la UBA, el rector Ricardo Gelpi y el vice Emiliano Yacobitti, como principales apuntados. Este último es especialmente señalado por su rol dentro del radicalismo porteño, su cercanía con el senador Martín Lousteau y el resabio por el apoyo de los universitarios a la campaña presidencial de Sergio Massa.

La crítica a los rectores tiene dos aspectos: por un lado desde el punto de vista técnico, sostienen que “administran mal los fondos”. “Los fondos se usan en viajes y no en educación”, afirmaron este lunes en Capital Humano, tras un fin de semana en el que Torrendell denunció que las universidades “inventan alumnos” y que “todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia”.

Pero la pelea de fondo es política y sigue siendo en torno a las auditorías. Desde el Ejecutivo plantean que “las universidades deben rendir cuentas”. “La UBA no ha rendido el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022”, remarcan. En ese sentido, buscan diferenciar aquellas casas de altos estudios que sí lo hacen: “La Universidad de La Matanza, que tanto se la crítica, rindió el 100 por ciento de los gastos”.

En el Gobierno reivindican los desembolsos que se han hecho sobre el sector tras la primera marcha y consideran que la insistencia en una segunda movilización está “motivada por políticos”. “Hemos aumentado un 270% el presupuesto para gastos de funcionamiento, por encima de la inflación, y no han pedido un solo peso más. También les dimos 50.000 millones de pesos para infraestructura. Y ahora en la paritaria accedimos a lo que venían pidiendo que era que los igualáramos con los estatales. Pero evidentemente quieren hacerle daño al Presidente”, sostuvieron.

En rigor, el reclamo de los gremios apunta a superar las subas que se les otorgaron a los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público (SiNEP) y equiparar con la inflación, algo que el Gobierno no convalida: “Podemos reconocer el atraso y comprometernos a recomponer en otro momento, pero ahora no hay plata”. La Ley de Financiamiento aprobada por amplia mayoría en el Congreso encomienda al Ejecutivo a actualizar por inflación los salarios universitarios (los rectores denuncian pérdida de 50 puntos nominales) desde diciembre de 2023.

La marcha, entienden en el Gobierno, también le da la posibilidad de reinstalar el debate por el arancelamiento a extranjeros en las universidades públicas. “Los pobres financian quienes vienen de otros países a estudiar. El 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros. ¿Podemos sostener este modelo?”, interpela un brief que hizo circular el Gobierno para los eventuales voceros sobre el tema. “Nos preparamos para tres días de batalla cultural”, completan en Educación.

Anoche, Capital Humano sacó un comunicado que oficializa estos argumentos, incluyendo el porcentaje de extranjeros que estudian medicina. Capital Humano niega que el Gobierno esté desfinanciando la universidad pública. «El Ministerio rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes», aseguraron.

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