domingo, 13 octubre, 2024
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Marcha universitaria: el Gobierno endurece su posición y hace una apuesta a todo o nada

El Gobierno enfrentará este miércoles la segunda marcha universitaria en seis meses, en esta ocasión, cuando docentes, estudiantes y militantes de distintas fuerzas políticas se concentrarán frente al Congreso en rechazo al anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento para el sector.

Si bien tras la movilización del 23 de abril, que sorprendió por su masividad y transversalidad, el oficialismo acusó recibo y convocó a las rectores de las casas de altos estudios para dialogar, en este caso parece más decidido a hacer cumplir a rajatabla la manda del cuidado de las cuentas públicas.

«Les aseguro que sancione lo que sancione el Congreso, no nos vamos a mover un centímetro del déficit cero que hemos planteado como propuesta», indicó este martes el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en ocasión de participar de un evento empresario.

La convocatoria para la denominada marcha federal universitaria de este 2 de octubre será, desde las 17, en la plaza de los Dos Congresos. Detrás de su organización no sólo están los rectores de las principales universidades del país sino dirigentes de radicalismo, como el ex diputado Emiliano Yacobitti -vicerrector de la UBA- y el titular del centenario partido, Martín Lousteau.

Justamente el senador, en ocasión de participar en el Salón de los Pasos Perdidos de Diputados de la presentación de legisladores de distintos espacios en «defensa» de la educación pública, salió a rechazar las denuncias del Ejecutivo por la falta de auditorías a las universidades y por supuestamente «inventar» a parte de la matrícula.

«El Gobierno no para de mentir. Son grande fabuladores matemáticos y estadísticos, cuando hablan de que la pobreza hubiera sido 95% o que la inflación hubiera sido 17.000%. Lo que hacen sistemáticamente es asfixiar a las universidades públicas y cuando la sociedad reaccionar inventar excusas», disparó el titular de la UCR.

El Gobierno subió la apuesta

Casi a la misma hora, Manuel Adorni aprovechó su conferencia de prensa en Casa Rosada para mantener el tono desafiante del Ejecutivo hacia los organizadores de una protesta callejera que, se presume, será masiva y dejará nuevamente en abstracto el protocolo antipiquetes.

«Los recursos se enviaron, falta saber en qué se usaron», sostuvo el vocero presidencial en respuesta a la falta de recursos que denuncian los directivos de las casas de altas estudios y detalló que «del total de estudiantes registrados en 2022, que es el último dato conocido, que son un total de 1.749.136 estudiantes, solo el 40,6% es alumno regular. El 20% tenía una materia aprobada o ninguna. Hay un llamativo 38,4% sobre los que no se sabe a ciencia cierta si van a clase o no».

El portavoz, además, negó que se esté preparando un operativo especial para controlar la concentración de este miércoles. «Entendemos que va a ser una movilización en paz, genuina y que no esté manchada con algunos personajes como decíamos del ´tren fantasma´», se atajó.

Por último, confirmó que Javier Milei va a vetar la ley de financiamiento universitario a través de un decreto que posiblemente aparezca publicado «en el próximo Boletín Oficial». Se estima, en verdad, que se rubrique el miércoles por la noche y se oficialice recién el jueves, al límite del plazo legal.

En el Gobierno sacaron a la cancha una estrategia comunicacional para deslegitimar las denuncias de la oposición y de los organizadores de la marcha. Y puntualizaron que «las universidades» rechazaron el aumento salarial del 5,8% por encima de la pauta salarial establecida para octubre, del 1%, aunque el lunes próximo volverán a reabrir la discusión paritaria.

El otro punto de preocupación del oficialismo es cómo blindar el futuro veto presidencial. A diferencia de lo que ocurrió con la ley jubilatoria, esta vez varios diputados del PRO, incluso algunos de los que visitan los lunes Balcarce 50 para participar de las reuniones de coordinación parlamentaria, anticiparon que no acompañarían la anulación de la norma. «Sería algo mezquino de la política si el PRO no apoya el veto», sostuvo un estrecho colaborador presidencial que, además, evitó confrontar con las universidades y le apuntó a la mentada casta. «Nuestra discusión es con el Congreso, no con las universidades. Nos gustaría cubrir el monto pero no se puede», destacó al cuestionar que las normativas que no detallan cómo financiar eventuales erogaciones del Estado.

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