Al día siguiente de jurar en el cargo de ministro de Salud, Mario Lugones le pidió la renuncia a todos los integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan por «otorgar un bono de 500.000 pesos» al personal.
Así lo confirmaron a Clarín fuentes cercanas al flamante ministro, quienes detallaron que la decisión fue tomada luego de que el Consejo dispuso «otorgar un bono de 500.000 pesos que no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado Nacional«.
«El Consejo definió esta medida sin consultar y sin evaluación previa«, apuntaron desde la cartera sanitaria que comanda Mario Lugones, un hombre de extrema confianza del asesor presidencial, Santiago Caputo.
En diálogo con este diario, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, advirtió que si el bono no está depositado antes de la medianoche realizarán este jueves «un paro de 7 a 21 y solo funcionará el servicio de guardia».
En ese marco, detallaron que «había malestar en el hospital porque cada integrante del Consejo gana 5.5 millones de pesos y por eso apuraron la medida y sacaron una comunicación interna ayer».
«Todos los funcionarios que gestionan la salud deben saber que tienen que ser responsables con las cuentas públicas«, apuntaron fuentes oficiales.
Además, consideraron que deben «administrar los recursos con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y cumplir con la premisa del Gobierno Nacional de déficit cero«.
El titular del Consejo es Oscar Imventarza, un cirujano general especialista en Trasplante Hepático, quien desde 1992 se desempeña como jefe del servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan y desde 1994 ocupa el mismo cargo en el Hospital Argerich.
También forman parte de Consejo Patricia Elmeaudy, una médica pediatra que se incorporó al Garrahan en 1987; el pediatra Oscar Pérez, quien Iinició su carrera como neonatólogo en el Hospital General de Agudos José María Penna, institución en la que además fue jefe de área programática.
Los otros integrantes son Andrés Scarsi, un médico diplomado en Salud Pública y Auditoria Médica por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y Silvia Prieri, una especialista en Planificación y Diseño de Políticas Sociales.
El desembarco oficial de Lugones en el Ejecutivo se concretó tras la renuncia de Mario Russo como titular del Ministerio de Salud de la Nación, pero lo cierto es que el dueño del Sanatorio Güemes orbitaba con injerencia en el el gobierno de Javier Milei, aunque sin ocupar cargos.
Lugones era consultado ya desde la gestión del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y tras su salida cerró filas con Santiago Caputo. Lo que sucede es que su hijo, Rodrigo Lugones, es un influyente consultor y socio del influyente asesor presidencial.
El rol informal que ocupaba el cardiólogo en el Ejecutivo nacional había quedado expuesto tras la salida del funcionario Enrique Rodríguez Chiantore, un hombre de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que debió dejar su cargo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que administra los millonarios fondos de las obras sociales.
La respuesta de los empleados del Garrahan al Gobierno: «Van a provocar un tsunami»
Tras conocerse la posición del gobierno de Javier Milei, el personal de salud del hospital realizó una asamblea y emitió un duro comunicado contra el Ejecutivo nacional. «Van a desatar un vendaval en el Garrahan«, apuntaron.
En un duro comunicado, los trabajadores advirtieron: «Le anticipamos al señor Lugones, al Ministro (de Economía Luis) Caputo y a todo el gobierno nacional: si se meten con el Garrahan, si bloquean el bono, si creen que nos van a atemorizar no entendieron nada de nada y van a desatar un tsunami de indignación».
«Las declaraciones de Lugones no nos sorprenden: es un representante de la salud privada, su concepción es la salud como negocio y por eso le ‘espanta’ que el personal del Garrahan reciba un bono por única vez de $ 500 mil pesos», sentenció Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos
En esa línea, Lezana arremetió: «Obviamente: él va a cobrar como funcionario varios millones de pesos por mes y no vive con un salario por debajo de la canasta de pobreza como los que sostenemos todos los días el hospital pediátrico de alta complejidad más importante de Sudamérica».
«Llevamos 7 semanas de conflicto. Logramos el anuncio de este bono de $ 500 mil pesos que consideramos un paso adelante, pero insuficiente: no pagamos el alquiler ‘por única vez’, o los servicios, o el transporte o los gastos de comida de nuestras familias», subrayó.
Además, le exigieron al Gobierno que «incorpore al básico salarial de todo el personal» el valor correspondiente al bono que el Ejecutivo se niega a pagar.
«Ratificamos las medidas de fuerza de 8 y 9 de octubre, incluyendo movilización al Ministerio de Economía el día 8. Nos va a tener que seguir escuchando porque no nos vamos a rendir: por el derecho a un salario acorde a la canasta que nos merecemos, por el hospital público y porque tenemos orgullosamente la camiseta e identidad del Garrahan», concluyeron.