El nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, le pidió la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan por otorgarse un bono de $500.000. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la cartera sanitaria. La razón de la decisión tiene que ver con que ese monto extraordinario “no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado nacional”.
Lugones, que ayer asumió en lugar de Mario Russo en un breve acto de jura, tomó su primera medida de impacto en la administración libertaria. Desde la cartera le detallaron a este medio que ayer el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios y referente de la salud pediátrica en la Argentina, dispuso un bono de $500.000 a los integrantes del mismo, por lo que iban a pasar a percibir $5,5 millones este mes, según pudo reconstruir LA NACION.
Para la nueva gestión de Lugones, esta decisión “no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado nacional”, que tiene que ver con el congelamiento de sueldos del sector público. Lo que causó más malestar en el Ministerio de Salud es que -según la cartera- el Consejo definió la medida “sin consultar y sin evaluación previa” del Gobierno.
“Había malestar en el hospital porque cada integrante del Consejo gana $5,5 millones y por eso apuraron la medida y sacaron una comunicación interna ayer”, agregaron las fuentes. Actualmente el Consejo está integrado por los médicos Oscar Imventarza -que oficia como presidente-, Patricia Elmeaudy, Oscar Pérez, Andrés Scarsi y Silvia Prieri.
En ese marco, agregaron: “Todos los funcionarios que gestionan la salud deben saber que tienen que ser responsables con las cuentas públicas y administrar los recursos con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y cumplir con la premisa del Gobierno Nacional de déficit cero”. En tanto, desde el Gobierno indicaron que iniciaron las conversaciones para designar a las nuevas autoridades.
En el Gobierno no gustó que se haya dispuesto un bono para los integrantes del Consejo de Administración, sobre todo cuando apenas el pasado 4 de septiembre los trabajadores del Garrahan, que depende en el 80% de Nación y el 20% restante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaran un paro ante la falta de respuestas de la administración nacional y las autoridades porteñas. Durante esa jornada exigieron un 100% de recomposición salarial, un salario mínimo de $1.400.000, así como la eliminación de “la confiscación al salario [en referencia al Impuesto a las Ganancias]”.