En un operativo simultáneo que tuvo lugar en la mañana del jueves, la Justicia secuestró el celular del juez federal Marcelo Bailaque y de otros cinco funcionarios de alto rango, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que indaga también en los vínculos del magistrado con el mafioso rosarino Esteban Alvarado.
Agentes de Gendarmería y funcionarios de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) avanzaron también en oficinas de la AFIP-Aduana Santa Fe, Rosario, de la Aduana-Hidrovía y de un estudio Jurídico Contable.
Tal como publicó Clarín, a Bailaque se lo investiga por favorecer supuestamente a Alvarado, una acusación que él niega. En 2013, el juez rechazó una solicitud de intervenciones telefónicas dirigidas al grupo de Alvarado, solicitada por fiscales federales que ya asociaban al grupo con el tráfico de drogas. Además, hay rumores de que el contador, Gabriel Mizzau, manejaba las finanzas personales del juez. El hijo de Mizzau, Sebastián, es quien trabajaba en el juzgado.
Además de Bailaque, también fueron requisados Carlos Andrés Vaudagna, de la dirección Regional Santa Fe (SDG OPII) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; Pablo Andrés Allegri, Fernando Duncan Amante y Luciano Martín Giunta, de la dirección Regional Rosario (SDG OPII) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Román Darío Scattolon, de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; Omar Albano Rizzo, contador y abogado; y el secretario de Bailaque, Gustavo Guazzaroni.
Los procedimientos judiciales realizados este jueves fueron solicitados por el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac) y la Unidad Rosario de la Fiscalía Federal, con intervención de Matías Scilabra y Federico Reynares Solari.
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