«Tiraron la lista para negociar algunos nombres con la oposición», fue la conclusión que hicieron desde la Justicia acerca de la demora en el envío de unos 150 pliegos de jueces federales al Senado que el Gobierno había anunciado el último 6 de noviembre con bombos y platillos en Casa Rosada con el objetivo de ocupar vacantes en fueros con serias deficiencias operativas, como juzgados penales o de Familia pero también en los tribunales orales que deben «meter presos a los delincuentes».
En el recordado anuncio, del que participaron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio -que responde al asesor presidencial Santiago Caputo– y el portavoz Manuel Adorni, se había anticipado que en pocos días serían enviados las nóminas para llenar las vacantes de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos. Pero desde las oficinas del Senado confirmaron a Clarín que aún no ingresó ninguno de los postulantes mencionados que integran las ternas que aún se pueden consultar en la web del Consejo de la Magistratura.
Incluso por aquellos días en el Ejecutivo especulaban que irían enviando en tandas de «25 nombres» por lo que completarían el proceso antes del cierre de sesiones ordinarias del Congreso previsto para el 30 de noviembre. Ahora, una alta fuente del Ejecutivo aseguró a este diario que «pronto los vamos a enviar al Senado. Tenemos a casi al 100% de los postulantes definidos».
Se trata, en última instancia, del primer paso de un proceso largo y que resulta similar al de la designación de los miembros de la Corte Suprema. Es decir, una vez que los pliegos ingresan a la Cámara alta, deben ser oficializados en una sesión y recién allí son enviados a la Comisión de Acuerdos que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (larretista del PRO).
Luego, son sometidos a eventuales observaciones y recién allí se buscaría el dictamen del cuerpo para luego ser girado al recinto. Aunque a diferencia de la designación de los ministros del máximo tribunal, los aspirantes a ocupar vacantes en el fuero federal son oficializados en una votación por mayoría simple.
Negociación abierta
En un sector del oficialismo reconocen que aún están «negociando» algunos de los nombres y que la presentación de la Casa Rosada de hace 15 días sirvió para meter presión a algunos gobernadores y a fuerzas de la oposición con los que discute el tratamiento de leyes o programas o bien el apoyo a sus candidatos para la Corte.
Sin embargo, no hay coincidencia, según el sector que se consulte, en que la demora en el envío de los candidatos se relacione con la necesidad del Ejecutivo de completar las vacantes en el máximo tribunal con el juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla.
Para la ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico -una de las promotoras del rechazo de la incorporación de Lijo a la Corte-, no quedan dudas sobre las causas de la demora del envío de los pliegos al Senado. «Invitaron a los gobernadores y a los políticos a negociar los votos que necesitan en el Senado y también eventualmente en Diputados -donde el Ejecutivo requiere apoyo para blindar los vetos-, dejando de lado así los valores de idoneidad, trayectoria o calidad del examen de los candidatos. En algún punto deben estar trabados porque es una negociación compleja», conjeturó.
Es en este contexto, en el que Talerico no descartó que en estas componendas se discutan las vacancias en la Corte o su eventual ampliación pero sobre todo la designación del nuevo Procurador General. Se trata de un cargo que, desde 2017, ocupa interinamente Eduardo Casal,
«El rol del Procurador se vuelve clave para el kirchnerismo porque viene sosteniendo los recursos de los fiscales que le adjudican en todos los expedientes a Cristina ser jefa de una asociación ilícita», puntualizó la ex funcionaria.
Pero no sólo la supuesta negociación se circunscribe a «diálogos» de las espadas del oficialismo con el kirchnerismo sino que también incluiría a los «aliados» críticos del PRO y de un sector de la UCR.