El ex asesor del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón regresó este miércoles al país procedente de Uruguay luego que la jueza federal María Servini levantara el pedido de captura en su contra, en la causa donde se investigan supuestas presiones al grupo Indalo.
Rodríguez Simón llegó en ferry por la mañana y se presentó en el juzgado para entregar su pasaporte, ya que tiene prohibición de salida del país, informaron fuentes judiciales.
El regreso fue tras culminar los trámites de la inscripción hipotecaria de una propiedad presentada como garantía de la caución que se le fijó por el también ex funcionario José Torello.
Para poder volver al país sin ser detenido debía pagar una fianza de 3.120 millones de pesos.
Para fijar la abultada cifra de la fianza, Servini tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados, y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”.
Fabián Pepín Rodríguez Simón abogado y dirigente del PRO entrevista en LN+Además, Simón deberá comparecer todos los meses del 1 al 5 e informar si se ausenta más de 24 horas del domicilio que declaró para vivir.
El próximo paso es la citación a declaración indagatoria en la citada causa penal que nunca se concretó porque Simón se fue a vivir a Uruguay y no regresó por temor a quedar detenido, y por ello se lo declaró «rebelde» y se ordenó su captura internacional.
Este año la magistrada le concedió la eximición de prisión, algo que confirmó la Cámara Federal de Casación, pero las querellas y la fiscalía fueron en queja directa a la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.
Con la mayoría conformada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -su colega Martín Irurzun votó en contra- la Cámara avaló la decisión de Servini, que lo había llamado a prestar declaración indagatoria por primera vez hace tres años, en un caso por supuesto hostigamiento desde el poder contra el empresario K Cristóbal López.
Hasta el momento, la autoridad administrativa uruguaya venía rechazando el pedido de refugio del exasesor de Macri, pero no se activó la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra, por lo que «Pepín» estaba libre en tierras uruguayas.
La jueza María Romilda Servini.De qué se lo acusa a «Pepín» Rodríguez Simón
Rodríguez Simón está acusado de haber extorsionado y amenazado a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, del grupo Indalo, en nombre de Macri, para que apoyara al gobierno de Cambiemos bajo la supuesta amenaza de que, si no lo hacía, sufriría perjuicios económicos. Cuando pidió su detención, Servini dijo que había evidencias de reuniones del exasesor con empresarios allegados a López en el negocio del juego y llamadas telefónicas realizadas de manera contemporánea con esos encuentros donde supuestamente se ejercieron las presiones.
Pero cuando la jueza aceptó el regreso de «Pepín» a la Argentina, el fiscal Guillermo Marijuan y los dueños del grupo Indalo apelaron su resolución de Servini. La defensa de Rodríguez Simón cuestionó que los querellantes pudieran oponerse al tema, pero la Cámara Federal confirmó su rol por “la amplia participación de la víctima en el marco de un proceso penal”.
El juez Bruglia consideró que “Rodríguez Simón no ha permanecido oculto y con paradero desconocido (circunstancia ésta excepcional que no caracteriza los procesos en rebeldía), sino que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay -fijando allí domicilio- a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el 6 de mayo de 2021 el reconocimiento de su condición de refugiado político. Esta circunstancia fue debidamente anoticiada en autos el día 18 del mismo mes y año”. Para el camarista, esa pretensión «encuentra amparo en el derecho internacional».
En coincidencia con su colega, el juez Bertuzzi razonó que “ha sido la propia instructora quien, tras haber decretado la rebeldía de Rodríguez Simón, en 2021, consideró admisible la actual pretensión del encartado de presentarse al proceso en libertad, tras entender que resultaba favorable el cambio de actitud por él demostrado, como así también que acceder a lo solicitado permitiría avanzar en el trámite del expediente a su respecto”. Según su mirada, no sería lógico contradecir el cambio de opinión de Servini en el expediente.
En cambio, Martín Irurzun consideró que “los antecedentes del caso revelan la existencia de una situación de riesgo procesal que torna improcedente la exención de prisión que se concedió”, y que “el mantenimiento en el tiempo de la condición de prófugo constituye un factor de envergadura a la hora de merituar el riesgo de fuga”.
El juez también rechazó el argumento de «Pepín» respecto de una supuesta «persecución política» que lo habría obligado a dejar el país: “la invocación de una suerte de ‘persecución carece –al menos, a la fecha- de comprobaciones que le den algún tipo de sustento en el marco adecuado”.