En medio de la tensión por el estancamiento en las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025, el Gobierno envió al Congreso dos proyectos para derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene y modificar la ley orgánica de partidos políticos, para cambiar el régimen de financiamiento de los partidos.
Sin tiempo para dictaminar y votar los proyectos en el período ordinario, el Ejecutivo deberá llamar a sesiones extraordinarias si quiere debatirlos.
Por otra parte, si bien no existe una ley que prohíba explícitamente la modificación de normas electorales en años de elecciones, el acuerdo tácito de la política y la jurisprudencia así lo impone. En otras palabras, el lema «no cambiar las reglas de juego en pleno juego». El 2025 empieza en poco más de un mes y tendrá elecciones legislativas. Si decidieran avanzar tiene que ser ya.
En el PRO impulsan la idea de María Eugenia Vidal que sólo elimina la obligatoriedad de las Primarias, tanto para los electores como para las agrupaciones políticas.
En la UCR siempre aceptaron «mejorarlas» para hacerlas más «eficientes» con cambios en los plazos y topes de financiamiento pero se negaban a derogarlas.
Todavía la bancada no discutió puertas adentro sobre el texto recién enviado por el Ejecutivo, pero la secretaria parlamentario del bloque, Soledad Carrizo, apuntó en diálogo con Clarín: «Es inoportuno el momento en el que es presentando este proyecto de eliminación de las PASO. Primero, porque entendemos que no todo es blanco o negro, el sistema en gran medida fue positivo. Siempre pensamos en que las instituciones deben darle oportunidades a los partidos de competir, y que el sistema debe ser mejorado. En esa línea presentamos proyectos años anteriores, como, por ejemplo, para darle mayor competitividad al sistema de coaliciones actual y asemejarlo al norteamericano. Y en segundo lugar, estamos entrando en año electoral. No es el momento de tratar proyectos como estos que requieren mucha profundidad y debate».
En sentido similar se expresaron desde la Coalición Cívica. «La Coalición presentó proyecto para que las PASO no sean obligatorias y reducir los tiempos de campaña. No estamos de acuerdo en que no haya límite de financiamiento de campañas. Dicho esto creemos que estos temas no deben estar en medio del comienzo de un año electoral y sin un amplio consenso. Esperemos que este no sea el único tema que pretendan poner en extraordinarias, y si lo hagan con prepuesto, ludopatia y ficha limpia”, sentenciaron Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López del espacio liderado por Elisa Carrió.
Sin embargo, es la tercera vez que el Gobierno insiste con eliminar las PASO. La versión original de la Ley Bases incluía una reforma electoral, que fue una de las tantas partes que se suprimieron para conseguir la aprobación de la norma.
Después, en julio insistieron con el tema. Las bancadas dialoguistas le advirtieron a los delegados de la Rosada que no aceptarían la eliminación, pero sí modificaciones. El tema quedó nuevamente stand by.
Semanas atrás, en medio del debate del Presupuesto, se llegó a convocar a una conferencia de prensa en Congreso para anunciar la eliminación de las PASO para destinar el ahorro que generaría a la partida de Universidades, pero tuvieron que cancelarla minutos antes porque el PRO -que no estaba avisado- puso el grito en el cielo.
Qué dicen los proyectos
El texto propone eliminar las PASO y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos, quitando el aporte público para campañas electorales y permitiendo un financiamiento privado más flexible.
Los argumentos para eliminar las PASO plantean que no han cumplido los objetivos– porque no mejoró la selección ni la representación política y porque casi nunca se usan- y que obligan al Estado a formar parte y financiar la elección de candidatos internos dentro de los partidos, algo que debería resolverse puertas adentro de cada partido.
Se critica la extensión del proceso electoral, que puede durar hasta seis meses, y el alto costo de las PASO.
El texto enumera: «Solamente durante el año 2023, se destinaron aproximadamente $ 455.000.000 en concepto de aporte público anual, otros $1.715.000.000 fueron asignados a los partidos en concepto de aporte extraordinario de campaña para las elecciones PASO y $3.510.000.000) fueron distribuidos entre ellos para las elecciones generales En ese mismo año, los aportes estatales para la impresión de boletas electorales significaron asimismo un estimado de más de $8.000.000.000 sólo para las elecciones primarias, e importaron un costo aproximado de $2.583.000.000 en las elecciones generales».
En esa línea, sentencia: «Estas sumas exorbitantes fueron distribuidas en las elecciones primarias de 2023 entre 15 partidos políticos y alianzas electorales, de las cuales únicamente 5 obtuvieron más del 1 % de los votos» .
Cambios al financiamiento de partidos políticos
Se propone modificar el régimen de aportes públicos a los Partidos Políticos, eliminando los aportes extraordinarios de campaña y también los aportes destinados para la impresión de boletas, ya que se aprobó la Boleta Única Papel y los partidos no tienen q imprimir más papeletas.
El texto plantea «mantener un aporte público único para los Partidos Políticos que esté destinado a solventar el desarrollo de sus actividades de manera indistinta, el cual será distribuido a través del Fondo Partidario Permanente».
En cambio, se elevan significativamente las limitaciones de aportes privados destinados a la campaña electoral, y se dejan sin efecto una serie de restricciones. El Estado va a fiscalizar los aportes privados que reciban los Partidos.
No pueden recibir «aportes de personas procesadas por actividades vinculadas con el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación del terrorismo, y también se establece una plataforma pública en donde deberán figurar todos los aportes privados que reciben».