Tres años de prisión de ejecución condicional. Esa fue la pena que recibió este miércoles Ricardo La Regina, el empresario ganadero que ya había sido declarado culpable de matar a más de 200 pingüinos. A tres años de la matanza de la pingüinera de Punta Tombo, La Regina fue condenado por los delitos de daño agravado y crueldad animal en un fallo que las organizaciones ambientalistas que impulsaron la causa calificaron como una «gran sentencia» que sienta «un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza». Además, el empresario deberá colaborar en las tareas de restauración del lugar.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) chubutense, el empresario pasó con una retroexcavadora por encima de 175 nidos, 240 pingüinos de Magallanes y 2.049 metros cuadrados de colonia en la Estancia La Perla dentro de la Reserva Natural Punta Tombo – Punta Clara, Provincia de Chubut. Lo hizo para abrir un camino sin autorización hacia la costa. «La investigación, que duró tres años, atravesó diversos obstáculos propios de los delitos ambientales, se sustentó en pruebas científicas y testimonios irrefutables que demostraron la destrucción», subrayaron desde el MPF.
Ahora los pingüinos y el ecosistema de Punta Tombo tienen algo de justicia. Aunque en principio no deberá cumplir su pena en prisión, La Regina fue condenado a tres años de prisión condicional en función de las restricciones que le determinaron los jueces del departamento judicial de Rawson, Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini. Los magistrados fijaron la pena este jueves luego de que hace ya dos semanas un tribunal colegiado encontrara culpable al acusado por daño agravado en tres hechos y por crueldad animal en dos. En el medio, las querellas y la fiscalía, a cargo de la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, habían pedido cuatro años de prisión para La Regina.
Por impulso de las ONG
Desde Greenpeace Argentina, una de las organizaciones impulsoras de la causa, destacaron la condena luego de conocerse el fallo. Así lo hizo Matias Arrigazzi, coordinador de campaña de la ONG, que dijo a Página/12 que «la sentencia sienta un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza». Arrigazzi destacó que por el juicio pasaron más de cincuenta testigos y que la pena condicional impone a La Regina «la obligación de colaborar en las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente, el decomiso de la retroexcavadora, y se dispone la intervención del Estado provincial para definir las medidas a tomar en cuanto al ambiente y el ecosistema».
En efecto, el productor ganadero ya no podrá contar con la retroexcavadora que utilizó para abrir el camino. El fallo establece un plazo de dos meses para que los organismos competentes de la provincia ingresen al establecimiento para determinar el daño ocasionado y ejecutar las tareas de recomposición del ambiente. Desde el MPF indicaron que esos trabajos deberán establecer cuáles son las áreas a proteger, la cantidad de hectáreas y de qué forma se custodiará el ecosistema, un control que deberá repetirse cada cuatro meses. La Regina deberá colaborar con la realización de todas estas actividades y ponerse a disposición de las autoridades en lo que requieran.
Lucas Micheloud, codirector de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que también impulsó la querella, calificó al fallo de los jueces como una «gran sentencia judicial en clave ecológica y compleja«, ya que no sólo condena al productor sino que el tribunal «dispone una batería de medidas tendientes a restaurar el área afectada y a mirar para adelante para que estos hechos no se repitan en el tiempo».
«Nosotros exigimos al tribunal que se lleve adelante una gran obra de restauración ecológica sobre el área afectada. Esto se le impone a La Regina, quien tiene que colaborar activamente, conjuntamente con los organismos del Estado y agencias para remediar los daños ocasionados a la flora, a la fauna, al suelo y a todo el hábitat reproductivo del Pingüino Magallanes», indicó y destacó que la sentencia también prohíbe la utilización de toda maquinaria y del uso de los caminos ya abiertos.
Desde el MPF sostuvieron que la decisión judicial «demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego. Además, subraya el papel esencial de los fiscales como guardianes de la naturaleza y la ley”. «Aunque este fallo representa un avance significativo, el trabajo continúa. La protección del medio ambiente y la fauna en Argentina requiere de leyes más estrictas, mayores recursos para la investigación de delitos ambientales y un compromiso ciudadano más profundo con la conservación del planeta«, agregaron.