Dentro del plan de abaratar costos y cuidar el equilibrio fiscal, el Gobierno dispuso, mediante el Boletín Oficial, cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que funciona dentro de la Administración de la Seguridad Social (Anses). De esta manera, se derogó la norma que permitía créditos hipotecarios.
En sí, se modificaron dos incisos de la Ley N° 24.241. Por un lado, se eliminó el inciso “m”, el cual permitía: “Contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial y en las condiciones y sectores que ésta establezca y reglamente, hasta el 10%”.
Por el otro, también se dejó sin efecto el inciso “n”. El mismo incluía: “Cédulas hipotecarias, letras hipotecarías y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaría, autorizados a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, hasta el 40%”.
En el documento, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se consideró: “El FGS no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.
“Durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo”, se consignó en los considerandos de la norma y se remarcó: “Ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
Además, el Ejecutivo explicó: “El otorgamiento de financiamiento constituye una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, el cual cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central (BCRA)”.
Por último, el decreto cerró: “Fomentar la inclusión financiera a través del sector privado permitirá una diversificación de las fuentes de financiamiento para las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarias de otras prestaciones a cargo de la Anses, aliviando su presión y contribuyendo a la preservación de los recursos del FGS. Tanto las instituciones financieras públicas como las privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”.
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