La semana pasada se intentó tratar la Ley de Ficha Limpia pero, por segunda vez, la solicitud del PRO no logró reunir quórum. Desde el Gobierno justificaron las faltas de sus diputados alegando que, podría considerarse, que esta medida surge ahora para impedir que la expresidente y vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, sea candidata. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el oficialismo intenta impedir una «victimización» de la exfuncionaria condenada en la Causa Vialidad, y sugirió «frenarla por otras vías».
Ante una posible presentación y victoria de Fernández de Kirchner en las elecciones que se aproximan, Francos aseveró: «En este caso particular, si un sector político pone a alguien que aún no ha sido condenado de manera firme, y se presenta a elecciones y gana, quiere decir que el pueblo argentino prefiere tener una persona corrupta a otra que no lo sea».
El revuelo que generaron sus declaraciones y la falta de quórum en el tratamiento del proyecto presentado por Silvia Lospenatto generaron diversos análisis para determinar si existen herramientas judiciales actuales para impedir la candidatura de la presidente del Partido Justicialista. Allí, la exdiputada nacional Graciela Camaño ingresó a la escena y precisó cómo debería hacerse.
Graciela Camaño, exdiputada nacional dentro del bloque Interbloque Federal
Puntualmente, Camaño explicó que, a pesar de que el proyecto de Ficha Limpia no fue aprobado, existe una posibilidad jurídica de impugnar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner basada en los criterios ya establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Según Camaño, esta herramienta se aplicó en casos previos, dado que el fallo en segunda instancia ratifica que una condena es suficiente para inhabilitar a una persona a postularse a cargos públicos.
Los fundamentos nacen en precedentes como el intento de impugnación de la candidatura del expresidente Carlos Menem en 2017, donde la Corte Suprema aclaró que un fallo en segunda instancia puede ser ejecutado por la Cámara Electoral para impedir una candidatura. «En el caso Menem se presentó tarde la impugnación y la Cámara Electoral obvió una serie de trámites que hacen al debido proceso legal y, por eso, la Corte Suprema baja el fallo de la Cámara», recordó.
Pero, en el caso de la exvice de Alberto Fernández, Camaño sostuvo que su condena en Vialidad podría habilitar ese procedimiento, ya que se encuentra en una etapa avanzada dentro del proceso judicial. Para ello, cualquier actor político interesado podría presentar una impugnación ante la Cámara Electoral, solicitando que aplique el criterio de la Corte y aparte la eventual candidatura. En ese sentido, la exlegisladora aseguró que «no se necesita Ficha Limpia» porque los mecanismos legales vigentes resultan suficientes para excluirla; por lo que consideró que «ya está fuera de carrera».
Cuáles son los pasos a seguir
La primera instancia del procedimiento requiera que un representante de un partido político, ciudadano o fiscal presente una impugnación formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) o la Junta Electoral de la provincia correspondiente, dependiendo donde se presente la candidatura. En ese escrito debería citar los argumentos legales como la existencia de una condena en segunda instancia en la Causa Vialidad.
Otro argumento sólido que citó Camaño es la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional que penaliza los actos de corrupción como un atentado contra el sistema democrático. Además, también deberían citarse los requisitos de idoneidad establecidos en la norma electoral vigente, en la ley N° 23.298.
Citando esa legislación, podría considerar que en el apartado de plena capacidad jurídica y goce de los derechos civiles y políticos; una persona con una condena firme, en especial por delitos contra la administración pública, perdió esos derechos y, por ende, la inclusión de una candidatura.
Tras esta solicitud, la Cámara Nacional Electoral deberá analizar el caso y, si considera que los argumentos son válidos, puede resolver la exclusión del candidato de la lista electoral. En el caso que la decisión de la CNE sea apelada, la Corte Suprema de Justicia tendría la última palabra sobre la validez de la candidatura.
Sin embargo, también se debe considerar que, de llegar a llevarse adelante tal petición, el procedimiento podría enfrentarse a desafíos prácticos relacionados con los plazos judiciales. Sobre todo porque, la oficialización de candidaturas suele cerrarse pocos meses antes de las elecciones.
Entonces, la impugnación de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner es jurídicamente viable bajo el marco actual, pero requiere una serie de decisiones legales y procedimentales que deberán resolverse en tiempos ajustados antes de las elecciones.