Juan Grabois defendió este jueves a Oscar Laborde, el ex embajador argentino en Venezuela durante la presidencia de Alberto Fernández, denunciado por traición a la patria, a raíz de su intervención en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro.
La denuncia fue realizada por los abogados del ministerio de Seguridad, por pedido de la ministra Patricia Bullrich, quién acusó a Laborde de superponerse indebidamente en las gestiones que realiza el Gobierno para liberar a Gallo, al intermediar con funcionarios venezolanas para que el gendarme reciba una carta de su familia.
Además, la presentación judicial apunta contra Laborde por abonar a la teoría del régimen venezolano sobre los supuestos actos de espionaje que le endilgan – sin mostrar pruebas – a Gallo.
En ese contexto, Grabois publicó en sus redes sociales una versión de las gestiones realizadas por Laborde, en un texto en el que admite haber sido él quien le pidió a Laborde que colaborara, mediante sus contactos como ex diplomático en el país caribeño, para que Gallo reciba la carta escrita por su madre.
“Oscar Laborde solo respondió a un pedido mío y los dictados de su propia conciencia. No es mi intención iniciar una disputa por qué hizo cada quien y quién está más preocupado por salvaguardar los intereses de Nahuel Gallo, pero el más elemental sentido del honor me indica solicitar a la Ministra que por favor me denuncie a mi también; sería indigno de mi parte permitir que a un hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame”, escribió Grabois en su perfil de la red social X.
El episodio se conoció el pasado fin de semana, cuando Laborde comentó públicamente que había intercedido para que la misiva escrita por la madre de Gallo llegue a manos del gendarme, cuyo paradero aún hoy no se conoce.
Además, Laborde hizo severos cuestionamientos contra el Gobierno Nacional, al que le reclamó explicaciones por la presencia de Gallo en Venezuela y sugirió que el argumento del régimen para detenerlo, supuestas maniobras de espionaje, en realidad existieron.
Ese punto, y su intermediación espontánea en paralelo al trabajo de Cancillería, fue lo que detonó la acusación ante la Justicia por los cargos de traición a la patria que impulsó Bulllrich.
Al meterse en esta discusión, Grabois evitó confrontar con Bullrich y con el Gobierno por el caso. Sólo se limitó a excusar a Laborde e incluso dijo compartir el objetivo del Poder Ejecutivo Nacional, que Gallo sea liberado.
“No me corresponde decir nada sobre las circunstancias del caso ni manifestar posiciones personales sobre Venezuela. Si hablo, si adjetivo, luego no pudo ayudar. En todo caso, voy a decirlas cuando Nahuel esté en casa. Sobre el gobierno argentino, tengo muchos temas para pelear con Bullrich y Werthein, etc. Este no es uno de ellos. Incluso tal vez sea el único tema en el que estoy dispuesto a colaborar con nuestras autoridades por un objetivo nacional: el resguardo de los derechos del gendarme Nahuel Gallo”, dijo Grabois.
También se excusó de cuestionar al régimen dictatorial que ejerce Maduro en Venezuela, asegurando que emitir juicio en algún sentido le impediría colaborar con la situación de Gallo, sobre la que se mostró interesado como abogado especializado en derecho internacional público.
“Nahuel Gallo es mi compatriota: garantizar su derecho a defensa, intervenir por su bienestar y procurar su regreso al país es un deber para cualquiera que pueda ayudar, con independencia de cualquier circunstancia particular del caso, cualquier opinión en torno a la política exterior de nuestro país, cualquier posición en torno a la situación de la Republica de Venezuela”, sostuvo Grabois.
Nahuel Gallo lleva 18 días detenidos sin una acusación fundada por parte de los integrantes del régimen chavista en Venezuela. La dictadura venezolana se niega a brindar información sobre el sitio en el que lo mantienen recluido ni su situación judicial para retenerlo en esa condición. El Gobierno argentino considera que se trata de una desaparición forzada de persona, un delito de lesa humanidad.