¿Por qué Roberto Gargarella insiste en defender ideas que condenan a los trabajadores más vulnerables? La reciente declaración del constitucionalista, quien en Twitter respondió al vocero presidencial Manuel Adorni afirmando que «tener un salario mínimo es un error conceptual«, es otra muestra más de cómo la intelectualidad progresista se desconecta de la realidad económica y social.
Gargarella, desde sus «intervenciones» cargadas de teoría y retórica, parece olvidar que las políticas de salario mínimo no son más que un instrumento de intervencionismo estatal que, lejos de proteger a los trabajadores, los perjudica gravemente.
La crítica liberal a esta herramienta es contundente y está respaldada por autores como Ludwig von Mises y Milton Friedman, quienes demostraron que el salario mínimo genera desempleo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores menos calificados.
Las buenas intenciones que producen malos resultados
En su obra «La acción humana«, Ludwig von Mises explicó que cualquier intervención estatal en el mercado laboral distorsiona el libre juego de la oferta y la demanda.
Cuando el gobierno fija un salario mínimo por encima del nivel que el mercado puede sostener, las empresas simplemente dejan de contratar a aquellos trabajadores cuyo nivel de productividad no justifica el costo impuesto por el Estado. ¿El resultado? Más desempleo y mayores dificultades para quienes necesitan una oportunidad para ingresar al mercado laboral.
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Milton Friedman, en su clásico «Capitalismo y libertad«, calificó al salario mínimo como una política «discriminatoria» que excluye a los sectores más vulnerables de la economía. Friedman afirmó que «la obligación de pagar un salario mínimo más alto elimina los empleos disponibles para aquellos que son menos calificados, menos educados o tienen menos experiencia«.
Por si esto fuera poco, los estudios empíricos refuerzan estas críticas. Para ilustrar el absurdo de las ideas de Gargarella, imaginemos un país ficticio, «Laboria«, donde el gobierno decide establecer un salario mínimo de 20 dólares por hora en un contexto donde el ingreso promedio no supera los 10 dólares.
Las empresas, incapaces de pagar estos salarios, comienzan a cerrar o reducen su personal. Los trabajadores menos calificados, que ya enfrentaban dificultades para encontrar empleo, quedan completamente marginados.
En pocos meses, el desempleo se dispara al 30%, mientras el mercado informal explota. Este escenario, aunque ficticio, refleja con claridad los efectos reales de estas medidas cuando se aplican sin considerar la realidad económica.
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Los argumentos de Gargarella
Cuando Gargarella afirma que el salario mínimo es un «error conceptual«, no lo hace desde una perspectiva liberal que busca garantizar las libertades individuales y promover la prosperidad.
Por el contrario, parece insinuar que el problema radica en no haber diseñado una política estatal más amplia o más intrusiva. Esta visión, profundamente colectivista, ignora los daños colaterales que el intervencionismo genera en la economía real.
La pregunta que surge es evidente: ¿cuándo fue la última vez que Gargarella interactuó con un trabajador precarizado que busca empleo? Desde sus cómodas cátedras y tuits altaneros, ¿puede realmente comprender cómo se vive al margen del sistema productivo?
Al sugerir que el problema del salario mínimo es simplemente «conceptual«, evade cualquier responsabilidad respecto de las consecuencias concretas de estas políticas en la vida de millones de personas.
Políticas estatistas que asfixian a las pymes
Las políticas estatistas, como las que establecen un salario mínimo obligatorio, generan un impacto devastador en las pymes, especialmente en provincias como Buenos Aires o Formosa.
Estas empresas, que ya enfrentan una presión tributaria insostenible y dificultades para acceder a financiamiento, se ven obligadas a operar en la informalidad o directamente cerrar.
Esto no solo reduce la cantidad de empleos disponibles, sino que también perpetúa la precariedad laboral de miles de trabajadores que no tienen alternativas reales.
¡Basta de políticas destructivas!
Las declaraciones de Roberto Gargarella, disfrazadas de una falsa profundidad académica, son un insulto a quienes luchan por salir adelante en un contexto adverso.
No necesitamos más teorías huecas ni políticas que promuevan la pobreza y la exclusión. Es hora de abolir el salario mínimo y liberar a los trabajadores de las cadenas del intervencionismo estatal. La libertad económica es el único camino hacia un futuro con prosperidad.