Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera” del futuro gobierno de Donald Trump, afirmó que regresará la detención de familias migrantes, como parte de los planes del presidente electo para endurecer las políticas migratorias. “Es algo que estamos considerando”, señaló en una entrevista de este jueves.
En diálogo con The Washington Post, el inminente funcionario destacó que la medida busca eliminar la política de “captura y liberación” que, según aseguró, la administración de Joe Biden lleva a cabo con los extranjeros indocumentados. “Y eso también incluye a las familias”, agregó.
La gestión demócrata cerró estos centros de detención familiar en 2021, según la agencia EFE. Aunque Homan anticipó que se necesitará “construir más instalaciones para familias”, también indicó que la cantidad de estos sitios se ajustará de acuerdo con los datos que manejen las autoridades migratorias.
En esa línea, el exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en el primer mandato de Trump advirtió que los padres migrantes enfrentan una decisión compleja al ser deportados. “Van a tener que decidir si se llevan a sus hijos o los dejan en Estados Unidos con un familiar”, expresó.
Según explicó, esta política no considerará si los menores son ciudadanos estadounidenses. Su postura es clara: “Usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición”.
El marco legal actual, conocido como el Acuerdo de Solución Flores, establece un límite de 20 días para la detención de menores. En ese sentido, Homan aseguró que buscarán impugnar estas restricciones legales, dado que consideró que complican las deportaciones y limitan la capacidad del gobierno para aplicar su estrategia.
Además de las detenciones familiares, el nuevo zar de la frontera adelantó una campaña para localizar a menores no acompañados que han perdido contacto con las autoridades.
Sobre ello, aseguró que muchos de estos niños podrían estar trabajando en condiciones de explotación o en redes de tráfico. En tanto, propuso movilizar organizaciones no gubernamentales y contratistas para rastrearlos y garantizar su seguridad.
Desde 2019, más de 450 mil menores no acompañados fueron transferidos al sistema de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Sin embargo, muchos de ellos no asistieron a sus audiencias judiciales o perdieron contacto con las autoridades.
Aunque Homan reconoció que algunos están bajo el cuidado de familiares, insistió en la necesidad de un sistema más riguroso para supervisar su situación.
En cuanto a las condiciones de las nuevas instalaciones planeadas, Homan explicó que no se tratarán de cárceles tradicionales, sino de “centros al aire libre” adaptados para alojar a familias. Estos lugares incluirían estructuras similares a tiendas de campaña, utilizadas anteriormente durante aumentos en el flujo migratorio.
El diseño busca mitigar las críticas tanto de defensores de los derechos humanos como de especialistas en pediatría, quienes en el pasado señalaron los daños que las detenciones prolongadas pueden causar en los niños. Pese a ello, el futuro funcionario sostuvo que las deportaciones serán prioridad, incluso en casos de familias con niños pequeños.
En la entrevista, Homan también criticó con dureza a los gobiernos locales que implementan políticas santuario para proteger a inmigrantes indocumentados. Condados como Los Ángeles y San Diego, según sus palabras, dificultan la colaboración con las autoridades federales. “Vamos a hacer esta operación, con o sin ellos”, sentenció.