Un documento interno filtrado a la prensa en Estados Unidos revela que el flamante gobierno de Donald Trump planea usar medidas rápidas para deportar a migrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de la administración de Joe Biden.
Según el memorando firmado por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) obtendrán facultades ampliadas para expulsar a personas que previamente se beneficiaron de estos programas, tal como reveló The New York Times.
El documento menciona que estos poderes, que antes se usaban principalmente en la frontera sur, ahora podrían aplicarse dentro de EE.UU. Esto incluiría a quienes llegaron mediante dos iniciativas clave del gobierno anterior que permitieron la entrada temporal de más de un millón de extranjeros bajo la figura del “parole”, un estatus legal temporal.
El primero de los dos programas señalados es ahora extinto CBP One, la aplicación móvil que facilitaba la programación de citas para ingresar a ese país y que dejó de funcionar el mismo día en que Trump asumió su segundo mandato como presidente de EE.UU. En segundo lugar, se encuentra una iniciativa que ofrecía libertad condicional a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Estas estrategias buscaban reducir cruces ilegales mediante opciones legales. Sin embargo, el memorando indica que estos migrantes ahora podrían ser deportados, incluso si todavía tienen estatus legal temporal vigente.
Según indicó el medio estadounidense, las organizaciones defensoras de inmigrantes están preocupadas también por las posibles consecuencias de estas medidas en extranjeros afganos y ucranianos que llegaron bajo programas distintos.
El memorando instruye al ICE a priorizar deportaciones rápidas para migrantes que llevan más de un año en EE.UU. sin haber solicitado asilo. También menciona la posibilidad de retirar el estatus de libertad condicional para deportar a quienes ingresaron bajo programas temporales, incluyendo los de afganos y ucranianos.
De esta manera, las nuevas directrices permiten al ICE actuar sin necesidad de pasar por tribunales de inmigración. Esto podría acelerar las deportaciones y afectar a miles de migrantes que llegaron con la esperanza de encontrar seguridad en Estados Unidos.
El gobierno de Trump argumenta que los programas de la administración anterior facilitaron el abuso del sistema migratorio. Según señaló un alto funcionario del DHS a The New York Times, Trump considera que estas iniciativas nunca fueron legales y buscan deportar rápidamente a quienes las utilizaron para ingresar a EE.UU.
El flamante subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido por su postura estricta contra la inmigración, expresó su rechazo a estos programas en redes sociales: “He aquí una idea: no envíen en avión a millones de inmigrantes ilegales desde estados fallidos a pequeñas ciudades en todo el corazón de Estados Unidos”.
La publicación del memorando provocó reacciones inmediatas. Tom Jawetz, abogado de la administración Biden, calificó la medida como “una traición escandalosa y sin precedentes”.
Por su parte, Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, también criticó la decisión y destacó que los migrantes afectados cumplieron con los requisitos establecidos por el gobierno: “Castigar con este procedimiento de deportación sumaria a personas que hicieron todo lo que les pidió el gobierno, y muchas de las cuales tenían patrocinadores en Estados Unidos, es espantoso”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda alegando que estas acciones violan la ley federal. “La administración Trump quiere usar esta política ilegal para impulsar su agenda de deportaciones masivas y destrozar comunidades”, afirmó Anand Balakrishnan, abogado de la institución.