En un contexto donde las políticas de memoria, verdad y justicia enfrentan retrocesos alarmantes por las políticas del gobierno nacional, la reciente decisión judicial de dictar una medida de «no innovar» sobre el Archivo General de la Armada Argentina se presenta como un hecho significativo. La medida fue tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, y prohíbe cualquier traslado, manipulación o depuración de los documentos alojados en la sede ubicada en Bolívar 1622, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La decisión judicial responde a la intención de la Armada de trasladar este archivo al denominado Garage Central y llevar a cabo un proceso de «depuración» que, según denuncias de organismos de derechos humanos, implica la destrucción de documentos. Este archivo es crucial para las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). En particular, constituye una fuente probatoria esencial para las causas judiciales en curso, como la megacausa ESMA, que busca esclarecer hechos como desapariciones forzadas y apropiaciones de menores.
La medida de «no innovar» dictada por el juez Kreplak no es aislada. Se suma a una decisión previa del Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, que también buscaba garantizar la preservación de documentos en el marco de investigaciones similares. En este contexto, resulta evidente que estas decisiones judiciales reflejan una preocupación compartida por la preservación de material probatorio fundamental para las causas de lesa humanidad.
La fiscalía, en su pedido al juez Kreplak, argumentó que las acciones anunciadas por la Armada comprometían seriamente la posibilidad de obtener justicia y esclarecer los crímenes del pasado. Asimismo, destacaron que la documentación contenida en estos archivos es fundamental no solo para las investigaciones actuales, sino también para futuras indagaciones.
Ni un paso más en favor de beneficiar a los genocidas
Desde la izquierda, se denuncia que estas acciones no son hechos aislados, sino que responden a una política sistemática de debilitamiento de las instituciones vinculadas a los derechos humanos. Estas políticas incluyen el cierre de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el desmantelamiento de áreas clave en la Secretaría de Derechos Humanos. La izquierda subraya la importancia de resistir estos embates y defender las conquistas históricas en materia de memoria, verdad y justicia.
El desguace de estas instituciones y la amenaza sobre archivos históricos no solo afectan a las causas judiciales en curso, sino que también constituyen un ataque a la memoria colectiva y a los derechos de las víctimas y sus familiares. Por ello, la lucha por preservar estos documentos es también una lucha por garantizar que los crímenes de la dictadura no queden impunes y que las nuevas generaciones puedan conocer la verdad sobre este oscuro capítulo de nuestra historia.