Todavía no fue publicado en el Boletín Oficial pero el decreto de necesidad y urgencia (DNU) más reciente de Javier Milei ya provocó que el bloque de Unión por la Patria en Diputados lo denuncie penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció el viernes pasado que Javier Milei está determinado a aprobar por DNU el nuevo programa que su gestión cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque «si algo podemos justificar que es de necesidad y urgencia, es esto».
«Seamos francos: si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho«, dijo Luis Caputo, lo que obligó al bloque de diputados de Unión por la Patria a darse por aludido.
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Así, los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi presentaron este lunes una denuncia penal contra Javier Milei que ya es investigada por Carlos Alberto Rívolo, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2.
En su presentación los diputados sostuvieron que «la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 (conocida como ‘Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública’)».
La cuestión será dirimida, primera instancia, por el juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2.
Además del Presidente, la denuncia penal alude a «todos los que en calidad de coautores o partícipes penales hayan tomado intervención, preparación y firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene por objeto un acto de endeudamiento con un organismo financiero, el Fondo Monetario Internacional, en clara violación de lo dispuesto por el artículo 75, incisos 4°, 7° y 22° de la Constitución Nacional, agravado por violar, asimismo, la disposición del artículo 76 de la Constitución Nacional, lo que llevaría a configurar los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, artículos 248 y 249 del Código Penal, que podrían encontrarse en concurso con la usurpación de funciones que competen a otros poderes del Gobierno Federal de la Nación».