El último jueves se desarrolló en el recinto la sesión para definir la situación de los “miembros” de la Corte Suprema nombrados por Milei a fuerza de DNU.
Un golpe para el gobierno
El 3 de abril ocurrió la sesión que tanto maniobró el gobierno para evitar. Resulta que los cómplices de su programa en el poder legislativo se mueven de acuerdo a la fuerza que guarde el gobierno y, en un marco de turbulencias económicas, crisis política y tensiones electorales, le soltaron la mano al intento de configurar la Corte Suprema a su voluntad.
Ambos pliegos precisaban la aprobación de dos tercios del Senado. En el caso de Ariel Lijo, tuvo 27 votos a favor, el rechazo de 43 y la abstención de 1 (del libertario Juan Carlos Pagotto). Por su parte, la votación de Manuel García Mansilla resultó en 20 a favor y 51 en contra. Consiguió dos tercios… en contra.
Los votos no solo se desprenden de miembros de Unión por la Patria, sino también de bloques como el de la UCR y el PRO, con quien está en disputa por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otra señalada tras la derrota del gobierno fue Victoria Villarruel, quien no estuvo presente durante la votación.
Desde el gobierno respondieron a la decisión del Senado a través de un comunicado en las redes de la Oficina del Presidente de la República Argentina. Allí, sostienen que el rechazo se produce por “motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”. Además, resaltan: “el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 3, 2025
Declaraciones lejanas de una realidad donde se nombraron por decreto y de forma irregular a dos personas muy cuestionadas por su falta de idoneidad y que, para colmo, una ya había tenido la caradurez de asumir en la Corte con el aval de dos de sus miembros.
En paralelo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una cautelar para impedirle a Manuel García Mansilla que intervenga en las causas en trámite en la Corte o que firme resoluciones administrativas. El fallo se conoció minutos después de que el Senado rechazara por una amplia mayoría su pliego y el de Ariel Lijo.
Ramos Padilla tiene una causa en la que se discute la constitucionalidad del decreto 137 que firmó Javier Milei el 25 de febrero para designar a García Mansilla y Lijo en el alto tribunal sin pasar por la Cámara alta.
Este resultado significa un duro golpe para el gobierno, que hizo y deshizo cuanto pudo a fuerza de Decretos de Necesidad y Urgencia, incluso ante esta situación interviniendo sobre el poder judicial. El debate que generó este hecho demostró lo corrompida que está la Justicia y su convivencia con el poder y los negociados de turno.