En diálogo con la prensa, el fiscal de la causa Gustavo Núñez, indicó que la intención es poder avanzar con el peritaje que realizará el CENPAT a fin de establecer el daño ambiental de ese emprendimiento ilegal.
Además para el mes de junio se esperan los resultados de la pericia económica.
El representante del Ministerio Público recordó que el plazo de investigacion culmina en el mes de agosto.
Nuñez agregó que la situación en la que se encuentra el terreno intervenido se realizará con la utilización de drones que aportará el CENPAT y las autorizaciones que la justicia tramitará.
Indicó que se debe establecer también la responsabilidad que le cabe a ex funcionarios para dejar en claro si se les puede achacar faltas administrativas o delitos.
Los empresarios implicados nunca presentaron los permisos que marca la ley en el área de minería de provincia, aseguró el fiscal.
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