En las universidades nacionales comenzó un proceso de reformas de planes de estudios que implican una transformación colosal del sistema público superior universitario. Los ritmos y tiempos en cada unidad académica varían, pero lo que sí es seguro es que, por resolución ministerial, para el año 2027 todas las carreras universitarias deben tener implementado el SACAU, Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios.
Este sistema de créditos es una copia del modelo europeo de transferencia de créditos y de los sistemas universitario anglosajones. En el viejo continente este modelo se impulsó en el marco del famoso Plan Bolonia[1] a fines de los ’90 y ha tenido serios problemas en su implementación producto de la resistencia que generó en países como España, Italia y Grecia. El surgimiento en estos países de polos anti- Bolonia son un llamado de atención para los estudiantes y docentes latinoamericanos que estamos viendo los inicios de este mismo proyecto. En Chile desde 2005 se avanzó hacia un sistema de créditos transferibles, con las mismas características europeas que se sintetizó en la “Declaración de Valparaíso”[2].
En nuestro país, este modelo es impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Esta iniciativa de las autoridades universitarias del sector público, privado y el ejecutivo nacional se resume en la resolución del Ministerio de Educación Nacional n° 2598/2023, dejando sin efecto la resolución 6/1997 que reguló hasta el momento la carga horaria mínima y los años de cursado de las carreras de grado universitarias. La aprobación de esta reforma universitaria tuvo el puntapié inicial en noviembre de 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y se ratificó un año después en el actual gobierno de Milei, para darle continuidad y terminar de implementarlo en el 2027.
Demostrando una vez más que hay un acuerdo general de todo el arco político y los sectores económicos en terminar de concretar las transformaciones universitarias neoliberales que, en nuestro país, tienen como marco legal la Ley de Educación Superior menemista, fuertemente resistida por el movimiento estudiantil y docente organizado durante todos estos años.
¿Qué es el SACAU?
Para el 2027 se espera que todos los planes de estudios se traduzcan al SACAU. Esto implica que los contenidos tienen que poder medirse en unidades de valor intercambiables y transferibles. Así se crea una unidad de medida, el CRE (Crédito de referencia) que equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. En esas 25hs de trabajo se contabilizan las horas de cursado presencial o virtual y el estudio autónomo, es decir el trabajo independiente del estudiante.
A partir de esta unidad de medida se organiza la cantidad de CRE que debe alcanzar cada estudiante para adquirir un título de grado. Las carreras de 2 años de duración tienen 120 CRE, es decir 3.000 horas de trabajo total, de los cuales 1.100 horas deben ser de “Interacción pedagógica” y el resto de estudio autónomo. Las carreras de 3 años implican 180 CRE, esto es 4.500 horas totales y 1.600hs de cursado y las de 4 años, 240 CRE, 6.000 horas total y 2.100 de cursado. Mientras que para los posgrados se necesitan 60 y 120 CRE, para especialización y maestría respectivamente.[3]
En la resolución se esgrimen los fundamentos políticos pedagógicos para su aplicación. Como objetivo principal se marca la necesidad de transparentar la carga horaria total que necesita un estudiante para completar sus estudios universitarios, reconociendo el trabajo autónomo. Por otro lado, supone que de esta manera se acorta la brecha entre la duración real y la duración teórica de los planes de estudios. Y como ya es moneda corriente de esta época se habla de una flexibilización de los planes que permitirían parámetros comunes de acreditación de contenidos para poder transferir los CRE entre diferentes instituciones universitarias nacionales privadas y públicas e incluso internacionales. Facilitando la movilidad estudiantil y buscando la internacionalización curricular.
Del Manifiesto Liminar al SACAU: la lucha por la universidad pública y gratuita continúa
Aunque sus impulsores intentan venderlas como una solución mágica al bajo egreso universitario y a la falta de movilidad estudiantil, estas reformas no son otra cosa que una contrarreforma universitaria que atenta contra los principios fundantes de la Reforma de 1918. Bajo la apariencia de modernización, se esconde un modelo mercantilista que ya fracasó en Europa y América Latina.
El sistema de créditos universitarios impone una lógica de mercado a la formación. ¿Quién puede creer que el aprendizaje pueda cuantificarse como si se tratara de una mercancía? ¿Que todos necesitamos la misma cantidad de horas para adquirir un saber? ¿Que una experiencia formativa puede estandarizarse sin considerar su contexto social, político o territorial? Este absurdo epistemológico no sólo es inviable: tiene consecuencias concretas que pueden transformar para siempre la universidad pública argentina.
Los ejemplos sobran. En España, tras la implementación del Plan Bolonia, aumentó la deserción estudiantil, se dispararon los aranceles en los posgrados (muchos de ellos obligatorios para ejercer), y se precarizaron las condiciones laborales docentes. En Francia, hubo paros masivos y tomas de universidades durante años por el vaciamiento de contenidos humanísticos y el debilitamiento de la investigación crítica. En Italia, el sistema llevó a una proliferación de títulos vacíos de contenido, con una universidad subordinada a las demandas del mercado. Y en Chile, la Declaración de Valparaíso impuso un sistema de créditos transferibles que reforzó el modelo educativo neoliberal, elevando el endeudamiento estudiantil y profundizando la desigualdad entre universidades.
Entre sus impactos, se encuentra el recorte de la duración de las carreras de grado a cuatro años, con títulos intermedios de dos o tres. Así, se traslada una gran parte de los contenidos —hasta ahora gratuitos— hacia los posgrados, que son pagos. Se impone también una cuatrimestralización forzada de todas las materias, sin tener en cuenta sus especificidades pedagógicas.
Además, la reforma plantea la unificación de los planes de estudio de una misma carrera entre distintas universidades, tanto públicas como privadas. Para que los créditos puedan ser transferibles, las materias deben tener programas idénticos. Se pierde así la riqueza de los perfiles formativos y se destruye el proceso pedagógico colectivo, reemplazado por la simple adquisición de paquetes de contenidos estandarizados.
En lo laboral y pedagógico, las consecuencias para la docencia son gravísimas. Algunas materias pasarán a ser “optativas” o parte de trayectos “semiestructurados”, dictadas según la demanda estudiantil. Esto, en un contexto donde la mayoría de los docentes tiene cargos simples, salarios de pobreza y condiciones de trabajo precarizadas. A su vez, el acortamiento de las carreras implica un achatamiento de los contenidos, eliminando materias fundamentales como historia, filosofía o matemática, y reemplazando la formación integral por un conocimiento híper-especializado al servicio del mercado.
Estas transformaciones atentan directamente contra la autonomía universitaria, principio clave de la Reforma del 18. La estandarización impide que las universidades definan democráticamente sus planes de estudio y abre la puerta a una mayor injerencia del Estado y las empresas en la orientación académica. El sistema de créditos (CRE) también borra los límites entre lo público y lo privado: alguien puede cursar en una universidad privada, juntar los créditos, y luego transferirlos a una universidad pública para obtener su título. Un negocio redondo.
Pero lo más grave es que esta reforma convierte a la universidad en un nicho más del mercado. Los contenidos se miden, se venden, se intercambian. La universidad deja de ser un espacio de producción crítica del conocimiento para transformarse en una empresa prestadora de servicios educativos, y formadora de mano de obra barata para el capital.
Una contrarreforma antidemocrática
Esta transformación no surge de un debate genuino dentro de la comunidad educativa, sino que es impuesta desde el gobierno nacional, las autoridades universitarias y organismos internacionales. Aunque se habilitan espacios de participación en algunas facultades, las decisiones ya están tomadas: la resolución ministerial impone recortes en los años y horas de cursada, cuatrimestralización de materias e implementación del sistema de créditos. Lo que se discute en los consejos directivos y superiores es simplemente cómo aplicar estas medidas, no si deben aplicarse.
Por eso, lo que está en juego no es sólo una reforma académica, sino el futuro mismo de la universidad pública argentina. Un modelo que fracasó en todos los países donde se aplicó, que profundiza la desigualdad, destruye la autonomía y vacía la educación de todo sentido crítico. No es modernización: es un proyecto de ajuste y mercantilización. Y hay que frenarlo.
No a la reforma, sí a la universidad pública: Enfrentemos la contrarreforma de Milei
Desde la Juventud Socialista y Alternativa Universitaria del MST en el FIT-U vamos a dar pelea en cada facultad y en cada carrera contra esta contrarreforma. Pero también sabemos que no alcanza con la resistencia aislada. Solo podremos frenarla si empezamos a construir desde ahora una gran coordinación nacional docente-estudiantil, que unifique nuestras luchas y le dé continuidad a la organización.
Tenemos memoria. Sabemos de lo que somos capaces. Aprendimos de la enorme resistencia a la LES en los ‘90, de la lucha contra el Plan Maestro de Macri, y de las masivas tomas y movilizaciones universitarias del último año frente al brutal ajuste de Milei. Hoy tenemos que retomar ese camino, con más fuerza, más unidad y más claridad política.
Ya lo decíamos durante las tomas del año pasado: no alcanza con discutir presupuesto y salario docente. Tenemos que abrir un debate profundo sobre qué universidad queremos construir. Porque si hoy el gobierno de ultraderecha puede avanzar con esta contrarreforma es porque ningún gobierno, ni kirchnerista ni radical, se animó a derogar la Ley de Educación Superior. Esa ley sigue vigente desde los ‘90 y es el marco legal que habilita cada nueva embestida de ajuste y mercantilización.
Frente a este nuevo intento de destruir la universidad pública, respondemos con un programa claro y sin doble discurso:
- No a la contrarreforma universitaria de Milei y los rectores.
- Abajo el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (CRE).
- Derogación inmediata de la Ley de Educación Superior (LES).
- No a la mercantilización del conocimiento ni a la lógica empresarial en la educación.
- Defensa incondicional de la autonomía universitaria y el co-gobierno.
¡Fuera el gobierno, las empresas y los organismos internacionales de nuestras universidades! - Por una universidad pública estatal, gratuita, laica, con perspectiva de género, científica, crítica y al servicio de las mayorías populares
- Por un sistema científico nacional, independiente y al servicio de las necesidades sociales, no del mercado ni de las corporaciones.
Sofía Cáceres Sforza y Gina Turtula
[1] Fue un pan de mercantilizar la educación, orientándola a las demandas del mercado laboral más que al conocimiento crítico. Además, fragmenta las carreras: acorta la formación general y obliga a pagar posgrados para una formación completa. Precariza las condiciones docentes y laborales dentro de las universidades.
Favorece a las universidades que ya tienen más recursos y perjudica a las más pequeñas o públicas con menos presupuesto.
[2] Desde 2005, Chile avanzó en la implementación de un Sistema de Créditos Transferibles (SCT) inspirado en el modelo europeo del Plan Bolonia, con el argumento de mejorar la movilidad y eficiencia del sistema universitario. Este proceso fue parte de una reforma neoliberal impulsada por organismos como el Banco Mundial y la OCDE, que buscaba estandarizar la educación superior bajo criterios de competencia y empleabilidad. En respuesta, en 2008 se firmó la Declaración de Valparaíso, donde movimientos estudiantiles y universitarios de toda América Latina denunciaron la mercantilización de la educación, rechazaron la lógica del mercado en las universidades y defendieron la educación como un derecho social, promoviendo una universidad crítica, democrática y al servicio de los pueblos.
[3] Anexo de la resolución ministerial 2598/2023