En una jugada audaz, el Gobierno de Javier Milei se prepara para lanzar una medida que podría reconfigurar el vínculo entre los argentinos y sus ahorros en dólares. Según fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaría a mediados de mayo una amnistía total para el uso de dólares no declarados, permitiendo su circulación sin controles de la agencia tributaria ARCA ni sanciones por evasión fiscal previa.
El objetivo es ambicioso: remonetizar la economía argentina con parte de los más de u$s200.000 millones que los ciudadanos mantienen fuera del sistema, en cajas de seguridad, escondites, o literalmente debajo del colchón. La medida, de confirmarse, rompería con el enfoque clásico de los blanqueos de capital, que históricamente exigían primero declarar el dinero para luego autorizar su uso.
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«Ahora iremos a la inversa», explican en el entorno de Caputo. La estrategia consiste en liberar directamente el uso de esos dólares físicos, permitiendo que los ciudadanos los utilicen para cualquier fin: desde la compra de propiedades y vehículos hasta gastos cotidianos como pagar en un kiosco.
¿Cómo funcionaría la «liberación» del dólar informal?
Aunque no se conocen aún los detalles del anuncio oficial, se especula con múltiples medidas complementarias que apuntan a facilitar el uso de dólares en la vida diaria:
- Permitir pagos con QR y tarjeta de débito en dólares, algo que ya está regulado pero apenas utilizado.
- Habilitar contratos y precios en dólares, algo técnicamente permitido, pero que aún genera resistencia cultural y legal.
- Quitar impuestos a las transacciones en dólares, como el impuesto al débito y crédito.
- Permitir el pago de impuestos nacionales en dólares, con incentivos como la toma del tipo de cambio mayorista al momento del pago.
- Expandir el crédito en dólares, incluso para personas físicas y empresas que no generan divisas.
La iniciativa genera entusiasmo entre los funcionarios del Gobierno, quienes consideran que esta liberalización puede acelerar el consumo y dinamizar la economía en momentos en que los indicadores muestran señales de enfriamiento. Según la consultora Equilibra, la actividad económica cayó 1% en marzo, y el propio Caputo admitió que es necesario «darle combustible» al sistema para no frenar la recuperación.
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Riesgos, críticas y desafíos legales
Aunque el Gobierno promete que nadie preguntará “¿de dónde sacaste esta plata?”, la medida podría generar resistencia en varios frentes. En primer lugar, quienes ya ingresaron a blanqueos anteriores —y pagaron tributos por ello— podrían considerar injusta esta amnistía total y recurrir a la Justicia.
También existen dudas sobre la viabilidad legal y fiscal: el dólar no está admitido formalmente como moneda de curso legal para el pago de tributos, por lo que la iniciativa debería instrumentarse vía decreto o reforma legislativa. Y más allá de la normativa interna, hay una gran incógnita respecto a cómo reaccionarán organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que luchan contra el lavado de activos.
Los expertos también advierten sobre posibles efectos colaterales en el sistema financiero. Si bien permitir créditos en dólares podría ampliar el acceso al financiamiento, hacerlo sin controles podría elevar el riesgo de insolvencia. Vale recordar que los préstamos en dólares a no exportadores fueron uno de los detonantes del colapso durante la convertibilidad.
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Impacto macroeconómico y electoral
En paralelo, el anuncio se da en un contexto de cierta estabilidad cambiaria y mejora en las reservas del Banco Central. Tras el ingreso de u$s13.500 millones por créditos del FMI y el Banco Mundial, las reservas brutas treparon a cerca de u$s40.000 millones, mientras que las netas volvieron a terreno positivo, con unos u$s3.000 millones.
Este respiro financiero es clave para sostener el esquema de bandas cambiarias, con un dólar oficial entre $1.000 y $1.400. En abril, el dólar blue cayó un 9%, mientras que el MEP se ubicó incluso por debajo del oficial. No obstante, el Gobierno aún necesita cumplir con exigentes metas del FMI: u$s3.700 millones en el segundo trimestre, u$s4.100 millones en el tercero y u$s6.900 millones en el cuarto.
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La administración Milei busca alinear esta medida con sus objetivos electorales de cara a octubre. Apunta a reactivar el consumo, bajar la inflación, garantizar la estabilidad del dólar y romper con décadas de desconfianza hacia el Estado. La frase del presidente del BCRA, Santiago Bausili, en Washington —»dejamos de luchar contra la economía bimonetaria»— resume el nuevo paradigma.
¿Oportunidad histórica o puerta al descontrol?
La idea de «hacer de la necesidad, virtud» parece resumir el espíritu de esta ofensiva. Se busca aprovechar la desconfianza estructural del argentino promedio hacia el sistema financiero para darle una salida funcional a los billetes que hoy no cumplen ningún rol productivo.
Para Kristalina Georgieva, titular del FMI, el potencial es evidente: «Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país». Para los economistas más ortodoxos, sin embargo, esta jugada podría abrir una caja de Pandora en términos fiscales, jurídicos y financieros.
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Lo cierto es que el Gobierno va a fondo. Y si el anuncio se confirma en los términos esperados, será uno de los cambios estructurales más disruptivos desde el regreso de la democracia.