Desde la organización Amnistía Internacional alertaron su profunda preocupación sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina luego que el presidente Javier Milei haya iniciado acciones legales contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad por sus opiniones o investigaciones. Desde la ong internacional aseguran que «el gobierno repite recetas que ya vimos en otras partes del mundo y se llaman SLAPP»
A través de su cuenta oficial en la red X, anteriormente conocida como Twitter, Amnistía Internacional Argentina detalla que SLAPP, por su sigla en inglés, significa “demanda estratégica contra la participación pública” y se refiere al uso malintencionado y abusivo de tácticas legales por parte de actores poderosos, como autoridades estatales o grandes empresas, con la intención de intimidar, silenciar o castigar a quienes critican o ponen al descubierto acciones indebidas o abusos contra los DD.HH.
«Este no es un fenómeno nuevo: el término fue acuñado por especialistas estadounidenses a finales de la década de 1980, pero en los últimos años adquirió relevancia debido a un preocupante aumento de su uso para acallar las críticas y evitar la transparencia y la rendición de cuentas en áreas clave, como la lucha contra la corrupción».
Censura encubierta
Al tiempo que agregaron que el uso del aparato judicial para silenciar, disciplinar o intimidar voces críticas, con demandas por calumnias, injurias o difamación, puede constituir una forma de censura indirecta y vulnerar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Además, Argentina eliminó en 2009 las figuras penales de calumnias e injurias para expresiones sobre asuntos de interés público. Recurrir a estas vías o intentar revivirlas desde el poder constituye un grave retroceso», afirmaron.
Y van más allá, asentando que la crítica al poder es un derecho, no un delito: «La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los funcionarios deben tener un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica, especialmente cuando se trata de temas de interés público. El periodismo no debe ser perseguido, sino protegido. Denunciar judicialmente a periodistas por hacer su trabajo sienta un precedente peligroso para el debate democrático, la transparencia y el acceso a la información».