Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la sentencia por corrupción en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por su edad —72 años cumplidos en febrero de 2025—, la ex mandataria podría acceder a la prisión domiciliaria, un régimen previsto por la Ley 26.472.
El departamento de Constitución, donde alterna estadías en Buenos Aires, figura como la opción más probable para la eventual detención domiciliaria. Se trata de una propiedad de perfil bajo ubicada cerca de la Avenida San Juan, donde también vive su hija Florencia Kirchner. Este vínculo familiar directo es un factor que suele ser tenido en cuenta a la hora de autorizar este tipo de medidas.
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Otra posibilidad es su residencia en El Calafate, Santa Cruz, donde la ex presidenta tiene su domicilio legal. Sin embargo, la lejanía con la capital, donde se desarrollan la mayoría de los procesos judiciales, haría más compleja su vigilancia y traslados ante eventuales citaciones. Además, Cristina Kirchner ha disminuido su presencia en la provincia desde que dejó la vicepresidencia.
Cristina Fernández desde su departamento en el barrio porteño de Recoleta
Foto: C5N
Desde el entorno del kirchnerismo reconocen que también se barajó un eventual traslado provisorio a la Alcaidía de Mujeres, en el barrio de Palermo, en caso de que el Tribunal Oral Federal N°2 decida ejecutar la condena de manera inmediata. Otra posibilidad es el alquiler de un domicilio nuevo en la provincia de Buenos Aires, aunque sería solo una solución temporal mientras se define su lugar de detención.
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El proceso judicial para habilitar una prisión domiciliaria no es automático. Deberá ser solicitado por su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, y evaluado por el tribunal. Serán claves los informes médicos, socioambientales y de seguridad. También podría convocarse a la ex mandataria para que se presente voluntariamente en Comodoro Py, en un procedimiento similar al que se aplicó con otros condenados de causas resonantes, como Ricardo Jaime o los implicados en la tragedia de Once.
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Si bien es su primera condena firme, la gravedad del delito —administración fraudulenta en perjuicio del Estado por 84.000 millones de pesos— y su impacto institucional obligarán a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu a justificar especialmente cualquier beneficio que se le otorgue. El precedente de Lázaro Báez, que actualmente cumple arresto domiciliario en El Calafate, podría servir de referencia.
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Además de la condena penal, el fallo también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese sentido, el tribunal deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para que Cristina Fernández sea excluida del padrón, lo que la dejará fuera de toda contienda electoral. Esa notificación también será clave para definir su futuro político inmediato, que ya enfrentaba un límite generacional dentro del peronismo.
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Desde el entorno de la ex mandataria no se emitieron declaraciones oficiales tras el fallo de la Corte. Sin embargo, allegados deslizaron que la estrategia de defensa continuará en los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La jugada tiene un antecedente: fue el camino que eligieron varios ex presidentes latinoamericanos condenados por corrupción, aunque sin impacto sobre las condenas locales.
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Por ahora, la última palabra la tiene el TOF 2. En los próximos días deberá expedirse sobre la modalidad de cumplimiento de la pena. Las condiciones de salud de la ex presidenta, su edad, los antecedentes familiares (su hija también recibió un fallo en su contra en la causa Hotesur) y el contexto político actual serán elementos que estarán sobre la mesa al momento de decidir. Lo único seguro es que la ex jefa de Estado ya no podrá aspirar a ningún cargo público y que su futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la Justicia.
Con información de Infobae, editada por un periodista de ADNSUR.