Por segunda vez, el Gobierno emitió una resolución sumamente atípica en el marco del proceso de adquisición de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. La primera había sido en marzo, cuando la misma Secretaría dictó una medida cautelar administrativa para «suspender preventivamente» los efectos de la operación, que implicó una inversión de 1245 millones de dólares. Esta medida fue dejada sin efecto por la Justicia a principios de este mes. Entonces, la Cámara Civil y Comercial ordenó al gobierno abstenerse de llevar adelante «cualquier medida contraria al recurso de apelación concedido».
Sin embargo, ayer se conoció que la misma Secretaría emitió un «informe de objeción» en los términos del artículo 14 de la Ley 27.442. Según ese análisis «preliminar», la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia identificó «riesgos» por los «potenciales efectos sobre la competencia en los diversos mercados de telecomunicaciones involucrados». Entre estos, el informe se refirió a la «acumulación de espectro radioeléctrico» y las participaciones de mercado en servicios fijos residenciales, empaquetados y corporativos.
En el informe se agrega también que la Secretaría de Industria y Comercio y la CNDC «convocarán a las partes a una audiencia especial destinada a analizar las posibles medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos de la operación de concentración sobre la competencia».
Por su parte, fuentes de Telecom Argentina consideraron que el informe «fue emitido de forma prematura, extemporánea, y contrariando el debido proceso, dado que está vigente el plazo que la propia Ley de Defensa de la Competencia otorga a la empresa para la presentación del Formulario F2, por el cual se demostrará que la operación no sólo no vulnera la competencia, sino que beneficiará significativamente al interés económico general».