Con la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich el Poder Ejecutivo modificó por decreto la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, desde la entrada en vigencia de la norma, deberá contribuir a la “seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado nacional, transnacional y el narcotráfico”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la reforma y señaló que el decreto “cambió sus funciones y objetivos: pasó de ser un órgano principalmente orientado a la custodia y resocialización de personas procesadas y condenadas, a actuar como fuerza de seguridad -tanto dentro como afuera de las cárceles- y a realizar tareas de inteligencia penitenciaria”.
La ley orgánica anterior disponía que el SPF debía proteger la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad y preservar o mejorar su educación y su salud física y mental. Con el decreto, que entra en vigencia en noventa días desde su publicación en el Boletín Oficial, el CELS advierte que el SPF “deja en un segundo plano su rol de resocialización durante el encierro, que incluía desde talleres de oficios, a estudios y otras herramientas para cuando recuperen la libertad”.
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El organismo de Derechos Humanos indica que el decreto 455/2025 “incorpora al SPF tareas de inteligencia penitenciaria, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y crea una dirección específica para reunir, sistematizar y analizar toda la información penitenciaria que será entregada al sistema de Seguridad Interior”.
“La reforma también incluye la posibilidad de integrar equipos de investigación con otras fuerzas y organizar bases de datos y sistemas de información y habilita al SPF a requerir a organismos públicos y entidades privadas información para investigaciones, lo que pone en riesgo la protección de datos personales”, denuncian desde el CELS.
Desde la entidad señalaron que “se modificó la reglamentación del uso de la fuerza y la portación de armas”, lo que le da a los uniformados mayor discrecionalidad. Antes de esta reforma, los agentes penitenciarios solo podían hacer uso de la fuerza cuando era indispensable para rechazar situaciones violentas o para prevenir fuga de presos.
Para la modificación de la ley que regula la actividad del Servicio Penitenciario Federal, el Gobierno se ampara en las facultades delegadas de la Ley Bases, que expiraron a mediados de julio. El CELS denunció que aunque “esas facultades excepcionales no le permiten hacer reformas en materia de Seguridad (el Gobierno) las realiza igual”.
Espionaje ilegal
El Servicio Penitenciario Federal tiene al menos un antecedente reciente de espionaje ilegal. El juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi investigó el espionaje que se hacía en las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri, que abarcaba los movimientos de los presos kirchneristas, de sus familiares y abogados pero también seguimiento a profesores del Centro Universitario Devoto, a dirigentes de organismos de Derechos Humanos, a asociaciones civiles y abogados ligados a organizaciones sociales. Esa causa llegó a tener 39 procesados, entre ellos las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los acusaban por violar la ley 25.520, de inteligencia política.
En agosto de 2023 Martínez de Giorgi sobreseyó a los exintegrantes de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el espionaje, pero ratificó la vigilancia ilegal sobre quienes estaban privados de su libertad y apuntó hacia su colega de Lomas de Zamora, Federico Villena, a quien le endilgó haberle dado cobertura a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“Se percibe con absoluta nitidez que el Dr. Federico Hernán Villena ha tomado parte activa en la maniobra que aquí se investiga, prestando cobertura judicial”, sostuvo Martínez de Giorgi en su sentencia.
El espionaje que habilitó el juez Villena comenzó con una denuncia por un paquete de explosivos supuestamente dirigido a Mario Roberto Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, que estaba preso en Ezeiza. El magistrado habilitó la interceptación de los teléfonos del pabellón, que quedaron en manos de la AFI y se ampliaron a las comunicaciones de los presos ligados al gobierno del Frente para la Victoria.
El «Pata» Medina habló sobre la «Gestapo sindical» y dijo que Macri odia a «trabajadores y cabecitas negras»
En 2017, se denunció que la AFI espió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. También había espiado al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, quien fue detenido el 26 de septiembre de ese año. Tres meses antes, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, había dado indicaciones a empresarios sobre cómo armar denuncias contra el dirigente de la Uocra de La Plata en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, hecho que se conoció como la Gestapo sindical.