miércoles, 13 agosto, 2025
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Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por considerarlos coautores del intento de magnicidio contra la expresidenta ocurrido el 1 de septiembre del 2022. En tanto, decidieron no acusar al tercer imputado, Nicolás Carrizo. Hubo críticas a la falta de investigación sobre autores intelectuales y financiamiento del hecho.

En el primer día de la etapa de alegatos en el juicio que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py, los representantes de la querella, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, iniciaron la presentación con un pedido formal de 15 años prisión para la pareja involucrada en el fallido atentado bajo el grado de tentativa de homicidio doblemente agravado.

Los abogados solicitaron que la pena sea la misma para Sabag Montiel, quien gatilló en el rostro de la exmandataria, que para Uliarte, al considerar que esta última no fue simplemente una instigadora del hecho sino coautora del atentado. Además, pidieron que se tenga en cuenta como agravante la violencia de género.

«Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día, lo vieron con el arma en la mano y el brazo de él. También está el testimonio donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor», afirmó la querella.

Respecto a Carrizo, quien en principio fue sindicado como parte de la banda de Los Copitos, la querella optó por diferenciarlo de los responsables directos ante la falta de pruebas sobre su rol en el atentado. «Cristina, que fue perseguida durante años y sigue siendo perseguida, aún viviendo todo eso nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien, si no hay que acusarlo no lo acusen'», afirmó Aldazábal.

Críticas de los abogados de Cristina Kirchner a la investigación del atentado

En tanto que Ubeira aprovechó para cuestionar a la jueza María Capuchetti por no investigar las pistas sobre los autores intelectuales. “Los que están sentados aquí son lo evidente», señaló el abogado de la exmandataria, pero remarcó que «lo que está detrás es lo que Capuchetti no nos permite ver”. Aldazábal fue por más y acusó a la magistrada de “obstruir todo” en la causa.

Durante los alegados, la querella también cuestionó el manejo de la llamada “pista Milman”, en referencia al diputado del PRO, Gerardo Milman, quien unos días antes, en el bar Casablanca, el testigo Jorge A. Abello le escuchó decir la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

A fines de julio, Aldazábal y Ubeira le solicitaron repetir la pericia al celular del diputado realizada por Gendarmería Nacional y que se ordene el secuestro de otros dispositivos electrónicos de Milman. El planteo fue realizado a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, quien días antes había pedido reiterar la pericia al considerar que la primera fue “insuficiente” según su criterio.

En esa línea, Ubeira se refirió también a la pérdida de la información contenida en el celular de Sabag Montiel, luego de sucesivos intentos fallidos de acceder al material por parte de peritos de la Policía Federal. “Acá, en el atentado más importante que tiene la República Argentina, los teléfonos principales que tiene esta causa, todos están destruidos. Entonces, ¿de qué estado de derecho estamos hablando?”, se quejó.

Este miércoles, Ubeira también se refirió a lo que denominó como la “construcción de la cultura del odio” y a sus consecuencias, como el atentado a Cristina. “Esta cuestión que se dio en un contexto político, social, judicial, histórico, cultural y que ese conglomerado y sus coincidencias hizo que este grupo de personas que a ustedes les toca juzgar aquí….no se los puede catalogar como extraños a ese concierto cultural, judicial sino que son el producto de eso”, afirmó.

A continuación, el letrado que defiende a la exmandataria señaló que «la violencia retórica», sufrida por la exmandataria a través de los medios de comunicación, dentro de un contexto de violencia política «conlleva naturalmente a la violencia material».

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