El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos de los hogares argentinos. De acuerdo con el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el precio de las canastas básicas volvió a registrar subas en julio, en línea con la inflación general del mes.
La Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, vivienda, transporte, salud y otros gastos esenciales, aumentó 1,9% respecto de junio. En términos interanuales, se incrementó 27,6%, mientras que en lo que va del año acumula un alza del 12,2%.
En cifras concretas, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre. Para no caer en la indigencia, el mismo hogar debió reunir $515.405, según el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
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El informe también detalla el ingreso mínimo para otros tipos de hogares: tres integrantes requirieron $915.019 para la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que una familia de cinco miembros precisó $1.208.866 para la CBT y $542.093 para la CBA. Esto sugiere que el costo de los bienes y servicios esenciales aumentó, pero a un ritmo algo menor que el promedio general de la economía.
La CBA, que mide el umbral de indigencia, también registró una suba mensual del 1,9%. En comparación con julio de 2024, el aumento fue del 27%, y en el acumulado de 2025 llegó al 14,7%. Este indicador refleja el costo mínimo de una dieta básica para un hogar, sin considerar otros gastos.
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Si bien ambas canastas crecieron al mismo ritmo que el IPC de julio, quedaron por debajo en la comparación interanual (36,6%). Esto indica que, aunque los bienes y servicios esenciales siguen encareciéndose, lo hacen a un ritmo algo menor que el promedio de la economía.
Foto: ilustrativa Carrefour
La CBT incluye alimentos, pero también contempla otros rubros como vivienda, salud, transporte, educación y esparcimiento, mientras que la CBA se limita exclusivamente a la alimentación indispensable para cubrir las necesidades calóricas y proteicas de las personas.
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En un contexto de inflación persistente, estas cifras son clave para definir políticas públicas, ajustar programas de asistencia y orientar negociaciones salariales. También sirven como termómetro del poder adquisitivo real de la población.