La decisión de avanzar en la remodelación de la terminal de ómnibus de Trelew sigue topándose con escollos. Tras el conflictivo desalojo de un kiosco ubicado en el hall principal, que derivó en un operativo policial y el secuestro de mercadería, se le sumó en las últimas horas una intimación a una empresa de encomiendas que funciona en el edificio.
El secretario de Gobierno de Trelew, Mario Romeo, detalló a ADNSUR que el conflicto legal se inició hace aproximadamente 80 días, en medio de un proceso llevado adelante por la comuna para reformar la terminal.
El proyecto incluye la puesta en funcionamiento en la planta baja de una confitería, restablecer el uso del escáner de seguridad y ordenar el acceso a las plataformas, permitiendo el ingreso únicamente a pasajeros y personal autorizado.
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“Intimamos por carta documento, pusimos en conocimiento a la empresa y no se consiguió que abandonaran los locales voluntariamente. El juez de faltas ordenó hace unos días, por un pedido nuestro, que se clausurara y que se hiciera la entrega local y eso fue lo que se hizo. El martes se clausuró, pero este miércoles seguían funcionando normalmente”, detalló el funcionario.
Ante ese panorama, la Comuna avanzó y clausuró una segunda puerta que tenía el local, por donde ingresaba el personal de la empresa Vía Cargo y las encomiendas.
“Deben haber quedado seguramente cosas adentro, que las iremos entregando en el transcurso de mañana o se sacarán con un camión y se quedarán depositadas en un galpón municipal”, agregó Romeo.
El antecedente del comerciante que se atrincheró en el kiosco
En julio, la Terminal de Trelew se convirtió en el epicentro de un operativo policial cargado de tensión y dramatismo, cuando las autoridades intentaron desalojar a un hombre que ocupaba ilegalmente uno de los locales comerciales del lugar.
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El conflicto estalló cuando el hombre, dueño del kiosco Club Fast Food, decidió atrincherarse dentro del establecimiento, negándose a abandonar el espacio pese a la orden judicial que ordenaba su desalojo y el decomiso de los bienes allí almacenados.
El plazo de tres días para que el ocupante desocupara voluntariamente el local había vencido, lo que llevó a que la policía de Chubut y la Guardia Urbana intervinieran para hacer cumplir la orden judicial. Sin embargo, el hombre se negó a abrir la puerta, lo que complicó la situación y obligó a notificar a la Fiscalía.
Finalmente, el hombre decidió retirarse con su equipamiento, pero se le decomisó la mercadería en cumplimiento de una orden judicial.