El dueño del laboratorio HLB Pharma, apuntado por ser el responsable de las muertes del fentanilo contaminado, Ariel Fernando García Furfaro, se presentó este jueves en un juzgado para participar en el proceso de compra de certificados para elaborar medicamentos.
Estuvo en un «remate» judicial. Quería comprar permisos para fabricar remedios. Pujó en la disputa pública hasta que un interesado avanzó un escalón más. Estuvo con un asistente del laboratorio, el responsable de «producción». Ofreció US$ 39.000 por las 13 licencias que estaban en el lote de ofertas. Al final se vendieron a US$ 40.000, según dijeron fuentes del proceso a este diario.
Tal como había adelantado Clarín, la empresa medicinal HLB Pharma, que vendió los lotes con el anestésico infectado que derivó en la muerte de al menos 96 pacientes internados en hospitales de todo el país, fue habilitada para intervenir en una quiebra y acceder a la compra de «certificados» de fabricación de remedios de un laboratorio que se fundió.
Este mediodía, García Furfaro -asociado además con el laboratorio Ramallo (encargado de la producción de las ampollas con el opioide adulterado) y de la droguería Alpharma (suspendida desde junio de este año por Anmat)- se presentó en el tercer piso de Montevideo 546. Allí funciona la secretaría 55 del Juzgado 1° Instancia Comercial N° 28, donde se tramita la quiebra de Nexo Pharmaceutical Group S.A., una compañía que entró en concurso de acreedores y tuvo que liquidar sus bienes.
Entre las propiedades a liquidar están 13 certificados, o «autorizaciones oficiales» para fabricar y comercializar productos para la salud. El proceso está a cargo de Jorge Sícoli y la primera oferta para comprar esos documentos la hizo HLB Pharma en noviembre del año pasado.
Cuando Clarín reveló esta intención del laboratorio del fentanilo, en el Ministerio de Salud de la Nación, negaron que Anmat hubiera habilitado a HLB a participar de esta operatoria judicial. No obstante, García Furfaro estuvo este mediodía en la apertura de los sobres y en la posterior subasta oficial.
Son todos permisos que tuvo que poner a la venta Nexo Pharmaceutical Group S.A, otra compañía que está en quiebra y que el proceso de liquidación de activos se tramita bajo el expediente N° 20504, en el Juzgado 1° Instancia Comercial N° 28, a cargo de Jorge Sícoli.
El juez que lleva adelante el procedimiento de quiebra que le permitiría a esta firma comprar nuevas licencias, envió el 28 de mayo (cuando ya se había destapado el escándalo) un oficio al Anmat para que informe si HLB Pharma podía seguir como parte interesada en ese sumario. En diciembre de 2024, el laboratorio ubicado en avenida Tomkinson al 2.200, de Beccar, partido de San Isidro, que fue allanado por el juez Federal Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción por las muertes del fentanilo, se presentó para proponer “la compra directa en relación a los certificados de especialidades medicinales de titularidad de Nexo”.
Anmat respondió -el 2 de junio de este año- que “la firma HLB PHARMA GROUP S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional, de acuerdo con el Legajo N° 7350”. En el párrafo siguiente informó que estaba inhabilitada para ejercer actividades productivas, desde el 12 de mayo, por las muertes del fentanilo. Y que desde el 21 de mayo, no tiene director técnico, luego de la renuncia del ultimo profesional que ejerció ese cargo, José Antonio Maiorano.
En su desmentida, el organismo de control había expresado que «HLB Pharma no está habilitada para producir ni comercializar medicamentos. La empresa en cuestión se encuentra formalmente inhibida por esta Administración». Y además, aclaró que «la inhibición tiene los mismos efectos que una clausura. Aunque la figura legal sea distinta, en términos operativos y regulatorios, la inhibición dispuesta por ANMAT impide cualquier actividad».
No obstante, García Furfaro estuvo hasta el final de la audiencia e intervino con su empresa en el proceso del Juzgado Comercial.
Nexo, al abandonar la actividad por la disolución comercial, había dejado disponibles las formulaciones y los permisos del Estado para fabricar en las instalaciones de quien ahora las adquirió estos certificados: el identificado por ANMAT con el número 57.977 (corresponde al producto amlodipina besilato); el 51.785 (para fabricar diclofenac sódico); el 46.561 (para el losartan potásico); el 52.623 (sildenafil citrato); el 52.703 (carvedilol); el 52.956 (diclofenac sódico 50 mg./pridinol mesilato 4 mg); el 56.668 (valsartan); el 40.686 (losartan); el 42.678 (xylometazolina); el 55.840 (claritromicina); el 56.856 (azitromicina); el 54.853 (loperamida clorhidrato) y la identificada con el número 54.143 que corresponde al remedio atorvastatin cálcico.
Dice el juez Sícoli en su dictamen sobre el llamado a hacer ofertas: «los oferentes deberán estar debidamente habilitados ante la Anmat en los términos de la Ley Nº 16.463 y sus normas reglamentarias y complementarias en el rubro especialidades medicinales, poseer Certificado de Inscripción de Establecimiento en el referido rubro y su número de legajo que acredite dicha inscripción en el registro, rigiéndose la transferencia de titularidad de dichos certificados por la Ley 16463 y lo dispuesto en la Disposición 858/1989 y Circular 6/16 de Anmat y normas reglamentarias».
Hubo por lo menos cinco interesados que -a criterio de la Justicia- cumplían esos requisitos. HLB Pharma, a fines del año pasado entró a litigar al concurso, cuando sus negocios y los de otras firmas subsidiarias estaban en ascenso. Como la droguería Alfarma SRL, que Ariel García compró en septiembre de 2019 a los ex dueños Carlos Tita y Osvaldo Rufinengo. Y el laboratorio Ramallo, donde se fabricaba el fentanilo.
Según comentan en el negocio farmacéutico, la empresa instalada en San Isidro estaba interesado en esos certificados para ampliar su oferta farmacéutica. Hasta que en los primeros días de mayo quedó implicada en los fallecimientos por fentanilo. Llegó la decisión restrictiva de Anmat y las sospechas sobre su responsabilidad penal que asoman en el expediente que lleva el juez Ernesto Kreplak.
Aun con toda esta maraña de irregularidades, limitaciones y causas abiertas en sedes judiciales, García Furfaro fue, ofertó, no pudo comprar y se retiró del edificio público como los otros empresarios farmacéuticos.
La Plata. Corresponsalía
MG