La Procuración del Tesoro informó que la jueza Loretta Preska rechazó la moción de reconsideración presentada por la Argentina en el caso YPF, referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos personales de funcionarios y ex funcionarios.
El discovery es una herramienta del derecho norteamericano que permite solicitar información para intentar localizar activos susceptibles de embargo. En su presentación, la Argentina había argumentado que esos requerimientos resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación local, que resguarda los datos personales y las comunicaciones privadas.
Desde la Procuración sostienen que la resolución es incorrecta y confirmaron que se están evaluando los pasos procesales para apelar la medida. En paralelo, aún está pendiente la definición de una segunda moción presentada por el Estado, que apunta a limitar el alcance del discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, en línea con jurisprudencia relevante como el fallo de la Corte Suprema en el caso NML Capital.
«El Estado argentino reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todas las herramientas legales disponibles», remarcaron desde el organismo que encabeza Santiago Castro Videla.
La Argentina había solicitado a Preska que reconsidere la orden que obliga al país a entregar comunicaciones realizadas a través de distintos dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF, lo que habilitaría a investigar correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales.
Según la Procuración, el planteo se apoya en dos ejes. El primero sostiene que el tribunal pasó por alto una cuestión previa clave: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido. Y, en este caso, el Estado argentino no tiene ese control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
Además, remarcan que, de acuerdo con la legislación argentina, «dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y ni siquiera el propio Gobierno argentino tiene acceso a ellos». Por eso, había pedido que se reconsidere la orden al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.
El segundo planteo apuntaba a limitar el discovery sobre activos de la Argentina que no sean susceptibles de ejecución. Allí, la defensa local citó jurisprudencia relevante, como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, que establece que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente embargables, y que permitir solicitudes irrestrictas contradice ese criterio.
A mediados de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, además de integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
En su escrito, la jueza aclaró que no se exige el acceso completo a los dispositivos, sino que las búsquedas se harán por palabras clave específicas, como «YPF» o «Aerolíneas Argentinas».
El objetivo de los demandantes —los fondos Burford y Eton Park— es demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino. De esa manera, podrían intentar embargar sus activos para ejecutar la sentencia por US$ 16.000 millones que pesa sobre la Argentina.