En un paso que marca un antes y un después en la gestión de la energía nuclear argentina, el Gobierno anunció este martes el inicio de un proceso para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de controlar las centrales nucleares del país.
La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, forma parte de una estrategia más amplia para fomentar la inversión privada y fortalecer proyectos estratégicos en el sector energético.
UNA APERTURA ESTRATÉGICA PARA LA INVERSIÓN PRIVADA
Manuel Adorni explicó en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo firmará un decreto en los próximos días que pondrá en marcha la privatización parcial de NASA, en línea con lo establecido en la Ley Bases donde la empresa figura como candidata a una transición hacia un esquema mixto. El proceso contempla la venta del 44% de las acciones en bloque a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará la mayoría accionaria con el 51%.
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Foto: ENUla
Además, la medida incluye la creación de un programa de propiedad participada que permitirá que hasta un 5% adicional del capital accionario sea distribuido entre los trabajadores de la empresa, buscando fomentar un vínculo más directo con el personal y promover un modelo de gestión más inclusivo.
La Secretaría de Energía subrayó que esta decisión “permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario”, un gesto que apunta a alinear los intereses del recurso humano con los objetivos de la empresa.
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PROYECTOS CLAVE Y CAMBIO EN EL MODELO DE FINANCIAMIENTO
Esta privatización parcial responde a los objetivos planteados en el plan nuclear argentino liderado por Demian Reidel, que apuesta a promover la inversión privada para acelerar la modernización y expansión del sector.
Entre las prioridades figuran la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes, y el impulso a la minería de uranio como combustible estratégico.
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Foto: Periferia
Según precisaron desde la Secretaría de Energía, en 2023 NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por un monto de 700 millones de pesos, alrededor de 2 millones de dólares, provenientes del Estado nacional. Sin embargo, en 2024 no se asignaron fondos directos desde el Estado, lo que indica una clara transición hacia un modelo que busca atraer mayor participación y financiamiento privado en el sector.
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Este nuevo esquema apunta a asegurar los recursos para proyectos vitales como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, prevista para reingresar al mercado en 2027, y la implementación del proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una tecnología clave para la gestión segura del combustible nuclear gastado. La Secretaría destacó que “la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”.
El vocero presidencial contextualizó esta política dentro de un proceso más amplio que busca terminar con lo que definió como «el estado empresario,» un modelo donde las empresas públicas asumían funciones consideradas impropias y que, según el Gobierno, resultaban en un despilfarro de recursos públicos. La conducción de esta nueva etapa estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, quienes liderarán el proceso de privatización de diversas compañías estatales.
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Con esta medida, el Estado nacional pone en marcha una transformación profunda en la gestión de un sector estratégico, abriendo paso a la inversión privada sin perder el control mayoritario, en busca de mayor eficiencia, modernización y sostenibilidad financiera para el futuro energético de Argentina.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR