Mientras el desmonte ilegal no se detiene en Argentina, el Gobierno nacional propuso cambios a 2 leyes claves en la protección de bosques nativos, lo que podría dar vía libre a una mayor deforestación, según advierten especialistas.
A través del Consejo de Mayo, la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) propuso realizar algunas modificaciones en la Ley de Bosques y también en la Ley de Manejo del Fuego.
Ley de Bosques y Manejo del Fuego: los cambios propuestos por el Consejo de Mayo
La llamada “Ley de Bosques” o Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece una clasificación de categorías de conservación de los bosques nativos (roja, amarilla o verde) donde se regula el desmonte o se permite únicamente bajo algunos criterios.Sobre esta ley, el Consejo de Mayo propone un cambio clave: permitir el desmonte total en la categoría III (verde) sin pasar por ninguna evaluación de impacto ambiental. En esta categoría se incluyen sectores de bajo valor de conservación, pero actualmente para desmontarlos se necesita una autorización.
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También, mantener la autorización previa para el desmonte en la categoría II (amarillo) y I (rojo). Los de categoría amarilla son predios con ecosistemas que pueden estar degradados pero que podrían recuperarse con la implementación de actividades de restauración. Aquí se podía realizar sólo aprovechamiento sostenible, pero no un cambio de uso de suelo; esto es, un desmonte total. Por su parte, los de la categoría roja agrupa a las zonas con bosque nativo mejor conservado.
Las provincias totalizan más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos categorizados, según sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Los datos son los últimos datos oficiales de julio de 2024. El 21% pertenece a la categoría roja; el 60%, categoría amarilla; y un 19%, verde.
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En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, la otra propuesta del Consejo de Mayo que apoya el gobierno de Milei, es derogar los artículos 22º bis, ter y quater, y restituir el artículo 22º bis sancionado por la ley 27.353 de 2017. Ese texto indica que en los predios con bosque nativo incendiado no pueden hacerse modificaciones “en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331”.
La modificación, que fue sumada a la ley en 2020 tras la sanción de un proyecto en el Congreso impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos) y que ahora se quiere borrar, fijaba un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas, si se trataba de lotes con bosques nativos o implantados, y de 30 años para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
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El objetivo es evitar que se utilice el fuego intencionalmente para deforestar y luego poder realizar actividades agropecuarias o desarrollos inmobiliarios.
Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, y Ana Di Pangracio, directora del área de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señalaron a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- que estas propuestas contradicen lo que reclaman organizaciones ambientales: deforestación cero.
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A 18 años de la sanción de la “Ley de Bosques”, Argentina aún enfrenta una emergencia forestal, con una pérdida acumulada de bosque nativo de 3,8 millones de hectáreas desde la promulgación de la norma hasta 2023, según el último monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
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Si se observan los datos por año desde 2014, 2020 fue el año con más hectáreas deforestadas, según los datos oficiales. Por su parte, 2019 fue el año con menor superficie deforestada.2023 tuvo un total de 173 mil hectáreas afectadas y una tasa de desmonte de 0,35 (último dato disponible).
Desde hace un década, la tasa anual de desmonte no logra bajar y se mantiene entre 0,3% y 0,45% deforestado del total de bosques nativos. En promedio, esta tasa equivale a unas 190 mil hectáreas por año, o 266 mil canchas de fútbol como “La Bombonera”.
2020 fue el año con más deforestación
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Pero, además, hay un agravante: gran parte de la pérdida que persiste es ilegal.
Por Ruido
El informe oficial de desmonte de 2023 revela que el 47% de la pérdida de bosques se concentró en la categoría amarilla y el 6%, en la roja. Es decir, más de la mitad del desmonte registrado se realizó en zonas donde la actual ley prohíbe explícitamente el cambio de uso del suelo.
“Las multas no alcanzan para frenar la deforestación y por eso planteamos la necesidad de penalizar la destrucción del bosque”, aseguró a Ruido Hernán Giardini, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Además de no poder controlar las intervenciones fuera de la ley, Giardini asegura que los propios estados provinciales cometen ilegalidades.
Di Pangracio señaló que la Ley de Bosques vigente no prohíbe el desmonte, sólo lo regula. “En la categoría verde, permite el desmonte previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública. Eso se suma a la deforestación ilegal, la cual no está siendo debidamente atendida”, afirmó a Ruido.
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Estimaciones de deforestación para 2024 y 2025
Todavía no hay datos oficiales de 2024 y 2025, los 2 primeros años de la gestión de Milei.
Pero el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT-D) difundió en 2024 un total de 9.796 alertas que abarcan aproximadamente 253.919 hectáreas en diversas regiones del país.
De todas maneras, estas alertas no equivalen directamente a desmontes confirmados: se trata de señales satelitales que luego deben ser verificadas por cada provincia en territorio para determinar si hubo efectivamente deforestación, incendios u otros cambios de cobertura.
Cómo se deforesta en cada provincia
La mayor pérdida de bosque nativo en 2023, en términos absolutos, se registró en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, que concentraron más del 70% del total nacional, según los últimos datos oficiales. Mientras que las que tuvieron menor pérdida, en términos absolutos, fueron Santa Cruz y San Juan.
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En estos casos, las principales causas son el uso agropecuario (62,4%) y el uso para ganadería selectiva o silvopastoril (20,3%), según el informe oficial de Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina.
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