La causa judicial por la expropiación de YPF sumó en las últimas horas un giro relevante en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska accedió a un pedido de la petrolera argentina y ordenó suspender de forma provisoria el discovery de “alter ego”, una instancia sensible del proceso que apuntaba a determinar si YPF actúa como extensión directa del Estado argentino.
La decisión implica, en los hechos, un freno temporal a la búsqueda de activos que podrían ser embargados para garantizar el cumplimiento del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones. La suspensión regirá hasta que la Cámara de Apelaciones se expida sobre el recurso presentado por YPF contra la habilitación previa de esa investigación.
El discovery de “alter ego” había sido autorizado semanas atrás y generó fuerte preocupación en el Gobierno y en la empresa, ya que abría la puerta a avanzar sobre bienes estratégicos. “Ella había permitido ese discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado argentino lo está haciendo en su lugar”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en el litigio.
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New York Times
No obstante, el alcance de la medida es limitado. La nueva orden judicial no detiene otras líneas de investigación ni los intentos de embargo sobre activos soberanos, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, que continúan bajo análisis en el marco del reclamo impulsado por los demandantes.
En ese contexto, el ex procurador del Tesoro, Sebastián Soler, señaló que la suspensión estará vigente hasta que se resuelva la apelación de YPF. “La apelación debería tramitar de manera expeditiva, pero involucra un tema importante y poco tratado por la Cámara, como son las implicancias de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos para este tipo de investigaciones”, sostuvo.
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Mientras tanto, los beneficiarios del fallo —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— intensificaron la presión judicial para forzar el cobro de la sentencia. Ante la decisión argentina de apelar, los demandantes buscan acelerar el proceso y empujar al país a una negociación.
Cedok
En las últimas presentaciones, incluso denunciaron demoras en la entrega de información y reclamaron sanciones. También apuntaron contra funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, por la negativa a entregar chats y comunicaciones privadas. “Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego”, reclamaron.
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Finalmente, Preska fijó el 10 de enero como fecha límite para registrar avances concretos en la entrega de información y convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero. En paralelo, la Argentina espera una definición de la Cámara de Apelaciones, que será determinante para el futuro del juicio y la estrategia judicial del país.