Un allanamiento realizado en una chacra de la ciudad de Centenario dejó al descubierto presuntas situaciones de explotación laboral, además de condiciones de vida extremadamente precarias en las que se encontraba una familia que residía en el predio. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por posible trata de personas con fines de explotación laboral y derivó en la intervención urgente del Estado para resguardar derechos básicos, especialmente de niños.
El operativo contó con la participación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano del Neuquén, que actuó de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de la unidad fiscal de delitos sencillos a cargo de la Vanesa Rebolledo. También intervinieron el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, personal de guardia de la Ley 2302, la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente y la Prefectura Naval Argentina, que brindó apoyo operativo.
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Condiciones laborales y de vida bajo la lupa
La investigación se inició tras la detección de trabajadores en situación de vulnerabilidad, quienes fueron asistidos por el CAV ante la sospecha de una posible situación de trata laboral. Durante el procedimiento, los trabajadores relataron la forma habitual de trabajo en el lugar, lo que permitió avanzar con la constatación de irregularidades.
El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, explicó que en el predio se verificaron condiciones extremadamente precarias, tanto en materia laboral como habitacional. “Se constataron trabajadores en condiciones muy deficientes, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral”, señaló el funcionario.
Desde la Subsecretaría de Trabajo se informó además que no se encontró documentación que acreditara la registración laboral de las personas que trabajaban en la chacra. Esta situación derivó en el labrado de un acta de infracción, la intimación a presentar la documentación exigida por la normativa vigente y la obligación de regularizar la situación laboral.
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Presencia de niños y medidas urgentes
Durante el allanamiento, los equipos intervinientes detectaron la presencia de cuatro niños, que se encontraban junto a sus progenitores dentro del predio. La familia habitaba una vivienda de material en condiciones extremadamente precarias, lo que encendió las alarmas respecto de la integridad física y el bienestar de los menores.
Ante este escenario, la Dirección Provincial de Prevención de Trabajo Infantil sugirió al CAV y a la guardia de la Ley 2302 la adopción de medidas urgentes de protección. Tras dar intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de guardia, la fiscal Rebolledo determinó que la familia no podía continuar en esas condiciones dentro del predio.
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Como resultado, se resolvió disponer el traslado inmediato del grupo familiar a un lugar de resguardo, una medida que fue ejecutada por el Centro de Atención a la Víctima, garantizando la protección y contención necesarias.
Investigación en curso y abordaje integral
El procedimiento permitió detectar irregularidades laborales graves y situaciones de vulnerabilidad social, que ahora forman parte de una investigación judicial en curso. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano remarcaron que este tipo de operativos se enmarca en una estrategia de abordaje integral, que articula a distintos organismos para prevenir la explotación laboral, promover el trabajo registrado y proteger a las infancias.
“El operativo es parte de las acciones que el Estado provincial desarrolla de manera coordinada para garantizar derechos fundamentales, intervenir ante situaciones de riesgo y evitar que estas prácticas se reproduzcan”, destacó Castillo.