El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que se está regularizando la deuda corriente y que el sistema funciona con normalidad, garantizando la continuidad de las prestaciones para los afiliados.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación financiera del organismo y confirmó que ya comenzó un proceso de normalización de pagos a los prestadores. Esto ocurre tras la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses. Desde la entidad remarcaron que no existe una crisis estructural y que el sistema continúa funcionando con normalidad.
El funcionario, desde Buenos Aires, explicó que los atrasos registrados corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, algo que consideró habitual dentro del funcionamiento del sistema. Buscó llevar tranquilidad a prestadores y afiliados al afirmar que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”, lo que marca un punto de inflexión en el proceso de regularización.
Leguízamo también desmintió versiones sobre un conflicto generalizado con los profesionales de la salud y destacó que no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera. “Los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar”, sostuvo. Explicó que la implementación de la cápita unificada responde a un reclamo histórico de los propios prestadores, orientado a simplificar y ordenar el sistema de pagos.
En ese marco, el titular del organismo insistió en que la continuidad de las prestaciones nunca estuvo en riesgo. “La continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento”, aseguró, y agregó que el nivel de conflicto fue bajo en la práctica, sin impacto significativo en la atención de los afiliados.
Desde la conducción del instituto señalaron que el objetivo actual es ordenar las cuentas, regularizar los pagos y brindar mayor previsibilidad a todo el sistema. En esa línea, Leguízamo remarcó que “esta gestión de PAMI audita”, en referencia a los controles internos que se están implementando para fortalecer la administración y evitar desajustes financieros a futuro.
El organismo, que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados y pensionados en todo el país, atraviesa así una etapa de reordenamiento financiero con el foco puesto en garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad de las prestaciones. Desde la conducción insistieron en que las versiones de crisis no reflejan la situación real y que el proceso en marcha apunta a consolidar un esquema más eficiente y transparente.