La fiscal general Eugenia Domínguez brindó detalles sobre el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que incluyó allanamientos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn por distribución de material de explotación sexual infantil en entornos digitales.
La fiscal general Eugenia Domínguez brindó detalles sobre el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que incluyó allanamientos en distintas ciudades de la provincia de Chubut en el marco de una investigación por distribución de material de explotación sexual infantil en entornos digitales.
En diálogo con ADNSUR, la funcionaria explicó que el procedimiento forma parte de una estrategia global para detectar usuarios que comparten este tipo de contenido a través de internet. “Es una lucha que necesariamente requiere del trabajo en red, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló.
El despliegue incluyó la participación de 17 países y múltiples jurisdicciones dentro de Argentina, con más de 260 allanamientos simultáneos. En Chubut, los procedimientos se concretaron en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.
Domínguez detalló que este tipo de investigaciones se apoyan en sistemas internacionales de monitoreo y detección, que permiten identificar la circulación de material ilegal en redes digitales. “Se trabaja con alertas que llegan a partir de sistemas especializados y cooperación entre organismos”, explicó, al tiempo que remarcó que se trata de delitos transnacionales donde “las fronteras geográficas dejan de ser un límite”.
En ese sentido, indicó que gran parte de las investigaciones se enfocan en redes de intercambio de archivos conocidas como P2P, donde los usuarios comparten contenido de manera directa entre dispositivos. Este sistema dificulta la trazabilidad y exige largos procesos de análisis para determinar la ubicación física de los involucrados.
Sobre los resultados en la provincia, la fiscal confirmó que en los tres domicilios allanados se incautaron computadoras, discos rígidos y otros dispositivos de almacenamiento. Estos elementos serán clave para avanzar en las pericias informáticas que permitirán establecer si existe material ilícito y quiénes serían los responsables.
En cuanto al perfil de los investigados, Domínguez advirtió que no responde a un patrón tradicional. “En general son personas sin antecedentes, con una vida cotidiana normal. Es un delito que ocurre en la intimidad del hogar y eso lo hace más difícil de detectar”, explicó. También indicó que, en casos anteriores, se identificaron principalmente varones de distintas edades.
Respecto al encuadre legal, la fiscal recordó que el artículo 128 del Código Penal contempla distintas conductas vinculadas a este delito, como la producción, distribución y comercialización de material, con penas más graves. Además, señaló que tras modificaciones recientes, la simple tenencia de este tipo de contenido también es punible.
Finalmente, Domínguez aclaró que la investigación en Chubut se encuentra en una etapa preliminar. Debido a que en los domicilios allanados había más de una persona, será necesario avanzar con los análisis técnicos para determinar responsabilidades individuales. “Hasta que no tengamos los resultados de las pericias, no se pueden formular imputaciones concretas”, concluyó.