La Cámara de Diputados de la Nación tratará este miércoles la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno nacional, en medio de cuestionamientos de legisladores patagónicos por el impacto que tendría sobre las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas.
La Cámara de Diputados de la Nación tratará este miércoles la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno nacional, en medio de cuestionamientos de legisladores patagónicos por el impacto que tendría sobre las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas.
El proyecto, incluido dentro de la discusión por la reorganización del esquema de subsidios energéticos, modifica la ley 27.637 sancionada en 2021 y redefine quiénes podrán acceder a las bonificaciones sobre el consumo de gas natural y gas propano.
Según el texto anticipado por El Parlamentario, las zonas históricamente alcanzadas por el beneficio —como toda la Patagonia, Malargüe y la Puna— mantendrían el régimen diferencial. Sin embargo, para las regiones incorporadas en la ampliación de 2021, el subsidio quedaría restringido únicamente a usuarios de menores ingresos incluidos en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La iniciativa también cambia el criterio de cálculo del subsidio: dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a computarse exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), excluyendo componentes como transporte y distribución.
Ese aspecto fue uno de los más observados por sectores técnicos y políticos, ya que fuentes vinculadas al sistema energético señalaron que, si el beneficio deja afuera los costos de transporte y distribución, el subsidio impactaría sobre rubros que representan una tercera parte del total de la factura.
La semana pasada, durante la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, el diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque cuestionó el proyecto y sostuvo que la iniciativa “no viene a ordenar el sistema energético, sino a llevar adelante un cambio profundo en la política energética de la Argentina con una mirada muy poco federal”.
Tras escuchar la exposición de la secretaria de Energía de la Nación, el legislador advirtió que el nuevo esquema implica “quitar prácticamente el 50% del subsidio al gas”.
“En un hogar promedio que consume 200 metros cúbicos por mes para calefaccionarse, este nuevo esquema apenas subsidiará una semana de calefacción”, afirmó.
Luque sostuvo además que cerca de dos millones de personas podrían perder el beneficio y cuestionó el criterio de focalización exclusivamente por ingresos.
“La mayoría de quienes reciben este subsidio lo necesitan realmente. No se puede construir una política pública pensando únicamente en casos excepcionales porque además imponen un techo de ingresos que en Patagonia perjudica a cientos de miles de personas”, declaró.
En paralelo, distintos legisladores patagónicos comenzaron a expresar públicamente su rechazo al proyecto oficial, al considerar que el nuevo esquema desnaturaliza el criterio histórico de Zona Fría y trasladará mayores costos a los usuarios residenciales de la región.
En esa misma reunión, la secretaria de Energía defendió la eliminación de subsidios generalizados sobre el cargo fijo de las tarifas. Ante una consulta del propio Luque, la funcionaria afirmó que “si una persona tiene una casa en Bariloche para ir ocasionalmente no tiene sentido que el Estado le subsidie el cargo fijo”.
La discusión sobre Zona Fría se convirtió además en una pieza de negociación política para el oficialismo. Según trascendió, el Gobierno buscó garantizar apoyos de diputados de provincias cálidas mediante acuerdos que contemplan subsidios estacionales a la energía eléctrica durante los meses de verano, acotados a determinados niveles de consumo.
Desde sectores patagónicos advierten que la modificación del esquema implica un cambio de fondo en la lógica histórica del régimen, que hasta ahora reconocía las condiciones climáticas como criterio central para compensar el mayor costo de calefacción en regiones de bajas temperaturas.
“Hablan de transparentar los costos porque nos vamos a quedar sin energía, pero el problema no es solamente producir energía, sino cómo se distribuye y quién paga el costo. Este proyecto deja libradas a las familias argentinas a afrontar tarifas imposibles en un contexto de caída de ingresos y solo están pensando en beneficiar a las grandes empresas de energía”, concluyó Luque.