Las entidades empresarias de Chubut y otras provincias patagónicas expresaron su preocupación por el proyecto de reforma al Régimen de Zona Fría, que obtuvo media sanción en Diputados. Señalan que los cambios propuestos podrían incrementar las tarifas de gas y electricidad, afectando el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las PyMEs.
Las entidades empresarias de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego advirtieron sobre el impacto económico y social de la reforma al Régimen de Zona Fría, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, lo que dificulta reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.
Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implicaría trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.
Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendría un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región.
Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizaría la desaceleración económica y afectaría la capacidad de sostener puestos de trabajo.
Las entidades firmantes consideran necesario abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva.