El máximo tribunal provincial rechazó un recurso de la defensa y confirmó la pena de prisión contra M. J. Ch. por múltiples abusos sexuales a una menor de edad.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut rechazó una queja presentada por la defensa técnica y ratificó la condena de diez años de prisión contra M. J. Ch. por múltiples abusos sexuales intrafamiliares hacia una menor de edad. La resolución fue dictada por los ministros Andrés Giacomone, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Javier Raidan, Silvia Bustos y Mario Vivas.
El recurso buscaba revertir la postura de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, que ya había denegado una impugnación extraordinaria contra la sentencia original. El fallo ratificado condena a M. J. Ch. como responsable penal de los delitos de “abuso sexual simple, agravado por ser cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad – dos (2) hechos en concurso real – en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido aprovechando la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, al menos cuatro (4) hechos en concurso real, en perjuicio de una menor de edad”.
Para el STJ, la viabilidad del recurso exigía que el reclamante expusiera y probara “de manera precisa la existencia de un error esencial en los hechos relevantes de la causa, o que demuestre que el decisorio atacado se funda en prueba ilegal, omite prueba decisiva o valora prueba inexistente, o que, en definitiva, responda el fallo a la mera voluntad del tribunal, desvinculada de la prueba producida en el debate”. El tribunal señaló que “si los fundamentos esgrimidos por la defensa sólo expresan su desacuerdo con las premisas que confirman la condena impuesta a su pupilo, tal disenso resulta insuficiente para descalificar la decisión”. En consecuencia, se resolvió “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular”.
La investigación preparatoria y el juicio por jurados estuvieron a cargo de la fiscal general María Laura Blanco, quien también sostuvo la acusación en la Cámara Penal. La defensa técnica del condenado fue ejercida por el letrado Mauro Fonteñez. El uso de iniciales para identificar al condenado responde a un protocolo judicial que busca evitar la identificación indirecta de la víctima y su revictimización en delitos contra la integridad sexual de carácter privado e intrafamiliar. El pronunciamiento cierra la vía de queja directa en el ámbito provincial.