La jueza Carolina Marín resolvió elevar a juicio por jurados la causa contra E.H., acusado por la muerte de Gilberto Segundo Pizarro, ocurrida en septiembre de 2025 en Gaiman. El acusado continuará detenido con prisión preventiva.
La jueza Carolina Marín resolvió elevar a juicio por jurados la causa en la que está imputado E.H. por la muerte de Gilberto Segundo Pizarro, ocurrida en septiembre de 2025 en una vivienda del barrio El Túnel de Gaiman.
La decisión fue comunicada durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Trelew, donde la magistrada definió que el expediente avance hacia la instancia de debate oral con participación de un jurado popular.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025 y la víctima habría sido atacada con golpes reiterados en la cabeza utilizando un elemento contundente. Las lesiones provocadas llevaron a Pizarro a permanecer internado durante un período prolongado hasta su posterior fallecimiento.
En su resolución, la jueza Marín estableció que las partes deberán avanzar en la definición de convenciones probatorias, un mecanismo que permite ordenar la prueba que será incorporada durante el juicio y establecer aquellos aspectos que no se encuentran discutidos.
La acusación estuvo representada por el fiscal general Mauro Quinteros y la funcionaria de Fiscalía Florencia Pallucchini.
Además de disponer la apertura del camino hacia el juicio por jurados, la magistrada resolvió que el hombre continúe bajo prisión preventiva hasta la realización del debate.
El juicio se llevará adelante luego de la correspondiente selección de los integrantes del jurado popular, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley XV N° 30 de la provincia del Chubut. Se trata de un sistema que garantiza la participación ciudadana. Allí, 12 personas deben decidir y dar su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto de presuntos criminales. Solo se juzgan los delitos graves que puedan ser penados con más de 15 años de prisión, excepto en casos de corrupción.
El proceso comienza con la selección de personas que formarán parte del jurado. Se realiza un pequeño padrón en base a un sorteo y son citados más de 40 ciudadanos: 20 hombres y 20 mujeres de entre 21 y 75 años. El acto soberano es obligatorio y la falta al trabajo está justificada. En esa primera audiencia, se filtran a las personas que tengan impedimentos para ejercer de jurados. Las partes podrán recusar a algunos jurados sin dar argumentos. Una vez elegidos los 12 miembros, durante una semana el jurado deberá escuchar a las partes en su alegato de apertura y cierre, a testigos y peritos. El debate lo dirige un juez técnico, quien no puede decidir sobre la culpabilidad del acusado. El juicio no puede ser interrumpido y suele durar entre dos y cinco días. Al jurado se le paga una suma determinada por día como parte de los viáticos. El juicio termina con un veredicto, que debe tener una resolución inmediata.