La Legislatura provincial sancionó el convenio que ratifica el retiro de YPF de la cuenca San Jorge, en una sesión marcada por el debate sobre los pasivos ambientales y la compensación económica de 25 millones de dólares.
La Legislatura del Chubut aprobó el proyecto de ley que ratifica el acta acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa YPF, en una sesión que se extendió por varias horas. El oficialismo impuso su mayoría para sancionar el convenio, que establece la liberación de responsabilidades de YPF sobre los pasivos ambientales a cambio de 25 millones de dólares, la transferencia de un parque automotor y bienes inmuebles históricos para Comodoro Rivadavia.
La diputada Andrea Aguilera (Despierta Chubut) defendió el dictamen al señalar que el Ejecutivo provincial negoció activamente para obtener una contraprestación extraordinaria. «Propone con esta ley un marco legal para que esos destinos tengan un único recurso, que es la comunidad», afirmó. Daniel Hollman, de la misma bancada, cuestionó a las administraciones anteriores por no haber trazado una estrategia para la transición energética ni diversificar la matriz productiva. Luis Juncos sostuvo que «los pasivos se trasladan y serán responsabilidad de PECOM», y pidió no comparar los montos con los de Santa Cruz por tratarse de realidades operativas distintas.
La oposición centró su rechazo en la cláusula de indemnidad ambiental. Juan Aquino (Frente de Izquierda) consideró inaceptable que se pretenda saldar un siglo de contaminación con un pago por única vez y comparó los números locales con los más de 300 millones negociados por Santa Cruz. Andrea Toro (Partido Independiente del Chubut) denunció que el acta llegó blindada y que no se pudo modificar el texto. «Nadie pudo explicar cómo se calculó el monto de la reparación», declaró.
El bloque Arriba Chubut mantuvo una postura de rechazo. Vanesa Abril cuestionó el hermetismo de la negociación y afirmó que el acuerdo se diagramó de espaldas a la ciudadanía. Juan Pais denunció que ningún diputado tuvo acceso a los estudios de impacto ambiental. Gustavo Fita responsabilizó al gobernador de firmar un pacto sin garantizar los puestos de trabajo. Emanuel Coliñir calificó la compensación como una suma irrisoria para una compañía de esa envergadura.
El bloque Familia Chubutense aportó su acompañamiento clave. César Daniel Casal defendió el proyecto al valorar la magnitud de los inmuebles transferidos y pidió «terminar con las hipocresías», recordando que el declive de la empresa no era un secreto.
La sesión dejó una imagen política: la diputada Tatiana Goic (Primero Chubut) se ausentó del recinto, lo que fue interpretado como un mensaje de su conducción sindical. Finalmente, el acuerdo fue aprobado en general y luego artículo por artículo a mano alzada.