El constitucionalista Raúl Heredia explicó que la impugnación presentada contra el acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF busca que el Estado provincial revise el convenio. Anticipó que, si la Fiscalía de Estado no actúa, presentarán una demanda judicial contra la petrolera.
La impugnación presentada este lunes contra el acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF abrió un frente administrativo que podría convertirse en una demanda judicial. Raúl Heredia, uno de los impulsores del planteo, señaló que el objetivo inmediato es obligar al Estado provincial a revisar un convenio que considera contrario a la Constitución.
“Le concedemos a la Provincia una instancia más para que se autocorrija de un desvío de poder”, declaró Heredia en diálogo con Actualidad 2.0. Sostuvo que el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, tiene la obligación constitucional de ejercer el control de legalidad sobre los actos administrativos y evaluar si corresponde promover la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el convenio.
Heredia reconoció que las expectativas de que ello ocurra son reducidas. “No tenemos mucha esperanza, pero creemos que había que utilizar las herramientas que prevén la Constitución y las leyes. Después cada funcionario sabrá cuáles son sus responsabilidades”, afirmó.
Uno de los puntos que abordó fue la respuesta al argumento del gobernador Ignacio Torres y los legisladores oficialistas, quienes sostuvieron que las obligaciones ambientales seguirán siendo exigibles a los nuevos operadores. Para Heredia, esa circunstancia no elimina la eventual responsabilidad de YPF frente a quienes resulten afectados. “La renuncia del gobernador o de la Legislatura no alcanza a los habitantes”, expresó.
Explicó el concepto jurídico de “inoponibilidad” de la cláusula de indemnidad. Según señaló, aunque Provincia e YPF hayan acordado limitar la responsabilidad de la petrolera, ese compromiso no impediría que un ciudadano demande directamente a quien considera causante del daño ambiental. “Nosotros no accionaríamos contra la Provincia. Accionaríamos contra YPF, porque es quien produjo el daño. En derecho ambiental rige un principio básico: quien causa el daño debe repararlo”, sostuvo.
Heredia también cuestionó el criterio utilizado para establecer los 25 millones de dólares previstos como compensación ambiental. Aunque evitó estimar cuál debería ser el monto correcto, insistió en que cualquier cuantificación debería surgir de estudios técnicos independientes. “Queremos un estudio científico, objetivo. No una cifra fijada a la marchanta”, expresó.
Señaló que el convenio parte del reconocimiento de la existencia de un pasivo ambiental. “Las partes aceptan que hay daño. Lo que nosotros cuestionamos es cómo se lo cuantifica y que se pretenda cerrar definitivamente cualquier discusión futura”, agregó.
El abogado aclaró que la presentación no responde a ninguna organización política o ambientalista, sino que fue impulsada por nueve ciudadanos de distintas localidades de Chubut, varios de ellos con trayectoria académica e institucional. “No nos presentamos como abogados, sino como habitantes de la provincia. Muchos participamos durante décadas en la construcción institucional de Chubut y entendemos que también tenemos el deber de defender esas normas”, afirmó.
Finalmente, anticipó que, si la Fiscalía de Estado no promueve la revisión del convenio, el grupo avanzará con una demanda propia. Sostuvo que cualquier ciudadano podrá adherir al planteo cuando la causa judicial quede formalmente abierta, ya que la Constitución provincial reconoce legitimación amplia para actuar en defensa de los intereses colectivos vinculados con el ambiente.