La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial. La norma alcanza a más de 4.200 agentes y establece un plazo de sesenta días hábiles para su reglamentación.
La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves el Régimen de Ingreso del Personal Temporario a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial, la ley de pase a planta que regulariza a miles de agentes que revisten bajo distintas modalidades de contratación. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo que conduce Alberto Weretilneck en acuerdo con el secretario general del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, obtuvo un amplio respaldo del cuerpo. El debate escaló en el recinto con el festejo de ATE en las bandejas y tuvo un pico de tensión con Juan Martín del PRO.
Según el texto sancionado, la norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y que haya prestado servicios de manera ininterrumpida hasta su incorporación. Para el gremio, uno de los puntos más celebrados fue que la redacción final incluyó a quienes se desempeñan bajo la figura de Hora Cátedra, sin importar la modalidad con la que fueron contratados.
El régimen fija como requisitos acreditar idoneidad mediante una evaluación —que ATE precisó que se tomará de forma virtual a través del IPAP—, contar con informe favorable del área de Recursos Humanos, aprobar el examen preocupacional y, cuando corresponda, la aptitud psicofísica, además de no registrar sanciones. La ley crea la Comisión Ejecutiva Central como autoridad de aplicación, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de los gremios, y establece un plazo de sesenta días hábiles para que el Ejecutivo reglamente la norma.
En la exposición como miembro informante, el legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) pidió leer la iniciativa «en perspectiva histórica» y remarcó que el pase a planta será voluntario para quienes reúnan los requisitos, que no implica nuevos ingresos ni un incremento de la masa salarial. Al cerrar el debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, calificó a la ley de «importantísima», sostuvo que las gestiones de JSRN «nunca» usaron a los estatales «como variable de ajuste» y anticipó que el crecimiento de hospitales, escuelas y edificios públicos podría habilitar en el futuro nuevos procesos de regularización.
Desde la puerta de la Legislatura, en Viedma, cientos de estatales sostuvieron una vigilia tras un acampe montado la noche anterior. «Dijimos que sin lucha no hay logros, y este sindicato no bajó nunca los brazos», afirmó el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, quien enmarcó la aprobación como «un esfuerzo colectivo». Según los datos difundidos por el gremio, la ley alcanza a más de 4.200 agentes, de los cuales alrededor del 35% pertenece al sistema de salud pública —encuadrado en las leyes 1904 y 1844—, mientras que el resto se reparte entre Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, la Secretaría General, el Ministerio de Gobierno y Turismo, entre otros organismos.
El acompañamiento fue transversal: votaron a favor JSRN, Vamos con Todos —Magdalena Odarda definió la estabilidad como un derecho constitucional—, la Coalición Cívica ARI-Cambiemos, la UCR, el PJ-Nuevo Encuentro y Primero Río Negro, entre otros bloques. En la vereda opuesta, siete legisladores (Picotti, Sanguinetti, Mc Kidd, Lacour, Ibarrolaza, Domínguez y Doctorovich) rechazaron la iniciativa y cuestionaron: escaso tiempo destinado al análisis, falta de precisiones sobre el universo definitivo de trabajadores alcanzados, ausencia de un informe de impacto fiscal y la necesidad de reforzar las garantías de idoneidad que exige la Constitución provincial.
Cruces con Juan Martín en el recinto
Puertas adentro, el debate se recalentó cuando tomó la palabra el legislador del PRO Unión Republicana Juan Martín, que empezó su exposición entre abucheos e interrupciones de una tribuna dominada por militantes con la tradicional indumentaria verde del sindicato. Lejos de bajar el tono, el parlamentario les respondió de manera directa y obligó al vicegobernador Pedro Pesatti a pedir silencio en reiteradas ocasiones. Con ironía, Martín instó a los manifestantes a «hacer un esfuerzo por ser educados» y les sugirió que al terminar la sesión «bajen y limpien todos los papeles que tiraron», en una comparación con la hinchada japonesa en los eventos deportivos.
La discusión sumó capas cuando el legislador defendió el protocolo antipiquete del gobierno nacional —»por suerte ahora hay orden y están al costadito sin joderle la vida a la gente», dijo— y cuestionó la presencia sindical en horario laboral con la chicana de que «podrían seguir el debate por internet y estar laburando». El contrapunto se volvió personal con el propio Vicente, que desde las bandejas le enrostró que su postura buscaba impacto en redes; Martín replicó apuntando a los sueldos del sector público y acusó a los sectores más duros del gremio de responder a lógicas de «patoterismo y violencia». Pese a calificar de «hechos a los ponchazos» a los procesos de regularización en años electorales, el legislador del PRO confirmó el voto favorable de su bloque al considerar que la medida beneficia a quienes sostienen tareas esenciales en la «trinchera» de salud, educación y desarrollo social.
La otra pulseada: el fondo de viviendas de ATE
En la misma jornada, la Legislatura aprobó por mayoría —34 votos contra 7— la prórroga por tres años del Fondo Específico destinado a mejorar la situación habitacional de los trabajadores del Ejecutivo provincial afiliados a ATE, parte del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda creado en 2019. Los recursos pueden destinarse a construir, refaccionar o ampliar viviendas y a obras de infraestructura, según fundamentó el legislador Carlos Valeri (JSRN), que defendió la continuidad del programa.
Esa prórroga volvió a exponer las diferencias. Vamos con Todos, por la voz de Ayelén Spósito, acompañó pero reclamó datos sobre el destino de los fondos: cuántas viviendas se construyeron, qué monto ejecutó el aporte mensual del 0,5% de los afiliados y cómo se rindieron esos recursos ante el Tribunal de Cuentas, interrogantes que —recordó— ya había planteado en un pedido de informes sin respuesta. Martín, en cambio, votó en contra y calificó la extensión como «otra señal de alineamiento con el sindicato ATE», al sostener que se financia un esquema «sin rendir cuentas» administrado por Río Negro Fiduciaria. «No estamos hablando de una política pública de viviendas para todos los rionegrinos, sino de un privilegio para el sindicato amigo», disparó.
Con la ley de pase a planta sancionada, el foco se traslada ahora a la reglamentación: el Ejecutivo tiene sesenta días hábiles para definir la letra chica y poner en marcha la Comisión Ejecutiva Central que administrará el proceso, sujeto a las evaluaciones de idoneidad y los controles previstos. En paralelo, el fondo de viviendas quedó garantizado por tres años más, en una sesión que ratificó tanto la sintonía del oficialismo con ATE como la distancia que marca el PRO frente a ese vínculo.