El gobierno provincial confirmó dos nuevas exoneraciones en el Estado: un auxiliar de servicios de un jardín de infantes y un oficial de policía, ambos condenados en causas penales.
La política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa continúa aplicándose en la administración pública provincial. En las últimas semanas se concretaron dos exoneraciones: un auxiliar de servicios (portero) y un oficial de policía, ambos con sentencia penal firme.
Portero condenado por amenazas con arma de fuego
Darío Gaspar Rifo Meliqueo, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Jardín de Infantes N° 52 de Añelo, fue dado de baja de la administración pública provincial. La resolución fue adoptada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) el 18 de mayo de 2026 y convalidada por el gobernador.
La medida se basó en una sentencia condenatoria por el delito de «amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil». Según la documentación oficial, la condena implicó la pérdida del derecho a la estabilidad laboral, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y al Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (E.P.C.A.P.P.).
La sentencia fue producto de un acuerdo judicial que impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y el pago de una multa. El gobierno señaló que el accionar delictivo generó una incompatibilidad con su función laboral y que los empleados públicos deben mantener buenas condiciones morales y de conducta. Se concluyó que el ex portero «no cuenta con las condiciones morales y de conducta que prevé la normativa vigente».
Oficial condenado por abuso sexual contra una compañera
Patricio Eduardo Gómez, ex oficial principal de la Policía de la Provincia del Neuquén, fue exonerado a pedido de la propia Jefatura de Policía, tras haber cometido delitos contra la integridad física y psicológica de una compañera de trabajo que se encontraba en funciones.
El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal en septiembre de 2023, lo que dio inicio a una causa por abuso sexual. Un Tribunal de Juicio dictó sentencia condenatoria y le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de «abuso sexual simple agravado por la calidad de funcionario público o miembro de una fuerza policial o de seguridad».
El ex oficial había interpuesto recursos contra las actuaciones administrativas, los cuales fueron rechazados. Además, la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones vinculadas a la seguridad y otros actos propios del servicio policial configuró un impedimento legal que reforzó la decisión de exoneración.