La senadora nacional por Chubut explicó los alcances de la iniciativa que busca incorporar al Código Penal delitos graves contra el ambiente. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado y generó cuestionamientos de sectores productivos, entre ellos el rural y el petrolero. Terenzi aseguró que está dispuesta a revisar las definiciones antes de llevarlo al recinto y remarcó que no busca limitar la producción.
La senadora nacional Edith Terenzi defendió el proyecto que crea la figura del “ecocidio”, pero reconoció que existen aspectos de la iniciativa que deberán ser discutidos con los sectores productivos antes de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
La propuesta busca crear un capítulo específico dentro del Código Penal para sancionar daños graves contra el ambiente. El proyecto establece definiciones vinculadas con el ambiente, el daño grave y el carácter irreversible de determinadas afectaciones.
“Lo que nosotros pretendemos es que exista un capítulo en el Código Penal de la Nación que se dedique pura y exclusivamente a delitos graves contra el ambiente”, explicó Terenzi, en diálogo con Actualidad 2.0.
La senadora sostuvo que actualmente existen normas que permiten sancionar determinadas conductas con impacto ambiental, pero que esas herramientas aparecen vinculadas a delitos o infracciones específicos. Mencionó como ejemplos la legislación sobre residuos peligrosos o las normas que pueden aplicarse ante determinadas afectaciones a la salud o la seguridad.
Su proyecto, explicó, apunta a que el ambiente sea considerado directamente como el bien jurídico protegido por una figura penal específica.
Al dar ejemplos concretos, señaló el caso de productores agropecuarios en el valle del río Chubut, que optaron por pagar multas antes que cerrar los canales de riego con los que habían desviado el curso, evitando así un sistema más eficiente, como el de aspersión.
Del dictamen a las objeciones de los sectores productivos
La iniciativa fue trabajada durante aproximadamente dos años y finalmente obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado. A partir de ese momento, según relató Terenzi, comenzaron a manifestarse sectores que hasta entonces no habían participado de la discusión.
Entre ellos aparecieron representantes del sector agropecuario y también del sector energético. Incluso, senadores de La Libertad Avanza que habían acompañado el dictamen manifestaron posteriormente su intención de retirar sus firmas, algo que formalmente no resulta posible una vez emitido el dictamen, aunque sí pueden decidir no acompañar el proyecto en el recinto.
Terenzi aclaró que, pese a que está en condiciones de hacerlo, la iniciativa no será tratada este jueves y que, antes de llevarla al recinto, pretende continuar conversando con quienes plantearon objeciones.
“No me interesa llevar de prepo un dictamen firmado al recinto si hay gente que cree que le va a perjudicar”, sostuvo.
Uno de los principales puntos de discusión pasa por las definiciones. La senadora reconoció que representantes del sector petrolero le plantearon dudas acerca de qué debe entenderse por “daño grave” o “daño trascendente” y cómo establecer límites suficientemente precisos para evitar interpretaciones diferentes.
La discusión se inscribe también en un planteo formulado públicamente por Daniel Montamat, exsecretario de Energía de la Nación y expresidente de YPF. En una columna publicada en Infobae, advirtió que si el proyecto de ecocidio hubiera estado vigente, “Vaca Muerta no se hubiera desarrollado”.
El argumento de fondo es que una regulación ambiental más exigente no debería transformarse en una fuente de incertidumbre que termine afectando decisiones de inversión o generando temor a eventuales responsabilidades penales. La preocupación, en ese planteo, no es la protección ambiental en sí misma sino el alcance que pueda tener una figura cuya definición todavía está en discusión.
Terenzi dijo que está dispuesta a escuchar esos cuestionamientos.
“Me estoy reuniendo con algunos sectores, con el sector del petróleo”, afirmó, y sostuvo que el objetivo es encontrar una formulación que permita proteger el ambiente “sin llegar a ningún fundamentalismo, sin prohibir la producción”.
Pasivo ambiental de Comodoro: qué respondió Terenzi
En el caso de Chubut, una de las preguntas que naturalmente surgen frente a una iniciativa de estas características es qué podría ocurrir con los pasivos ambientales vinculados con décadas de explotación petrolera, particularmente en Comodoro Rivadavia.
Consultada específicamente sobre si un pasivo ambiental podría quedar comprendido dentro de la nueva figura penal, Terenzi hizo una precisión: la existencia de un pasivo, por sí misma, no lo convertiría en delito.
“No tenemos visto de esa manera el pasivo ambiental, salvo que ese pasivo ambiental esté produciendo un daño grave en algún ecosistema, ya sea marino o terrestre”, respondió.
Según explicó la senadora, para que pudiera quedar alcanzado debería tratarse de un daño grave e irreversible, con características tales que resulte muy difícil o imposible recuperar el ecosistema afectado en las condiciones que tenía previamente.
La propia Terenzi ubicó allí uno de los principales aspectos que todavía deben discutirse. “Tenemos que buscar una definición que satisfaga a todos”, señaló al referirse a los límites entre un daño ambiental y aquel que podría adquirir relevancia penal.
En ese sentido, el debate que ahora se abre en el Senado no pasa solamente por decidir si la Argentina debe contar con una figura penal específica para los daños ambientales más graves. También deberá determinarse con qué precisión se definen esas conductas y hasta dónde llega la responsabilidad penal, una cuestión especialmente sensible para actividades productivas de largo plazo.
Terenzi insistió en que su intención es continuar con ese intercambio antes de impulsar el tratamiento del proyecto en el recinto y convocó a los sectores que tengan objeciones a participar de esa discusión.