Publicaciones en Facebook exponen a vecinos por supuestos robos, estafas, infidelidades y otros conflictos. La fiscal María Laura Blanco explicó cómo se encuadran estos casos y qué puede hacer una persona que se considera difamada.
Las publicaciones conocidas como «escraches» en redes sociales registraron un aumento en Comodoro Rivadavia durante los últimos tres o cuatro meses, principalmente en Facebook. Vecinos de la ciudad son señalados públicamente por situaciones que abarcan desde supuestos robos, hurtos y estafas hasta acusaciones de violencia, abuso, infidelidades, disputas familiares y cuestionamientos de paternidad.
El fenómeno incluye publicaciones dirigidas específicamente contra mujeres, cuyos rostros, nombres y apellidos son expuestos junto a acusaciones vinculadas con supuestas infidelidades o con la presunta venta de contenido sexual a través de internet. También se observan casos en los que se exponen imágenes de familiares, lugares de trabajo y vínculos personales de las personas señaladas.
Estos contenidos aparecen en perfiles personales, páginas y grupos de distinta naturaleza, y luego circulan mediante capturas de pantalla en otras plataformas. Aun cuando la publicación original sea eliminada, no existe manera de garantizar que desaparezca por completo de internet.
Calumnias e injurias: qué diferencia existe
La fiscal de Comodoro Rivadavia María Laura Blanco explicó que desde el punto de vista penal cada caso debe ser analizado según sus características, aunque determinados escraches pueden encuadrar dentro de los denominados delitos contra el honor.
«Desde el tipo de reproche penal, hay que ver cada caso, pero suelen cuadrar como una injuria o una calumnia», declaró Blanco a ADNSUR. La diferencia entre ambas figuras resulta fundamental.
«Si te acusan de un delito que no cometiste, como podrían ser escraches por estafas o robos, se trata de una calumnia. Por otro lado, cuando se trata de insultar a alguien, denigrarlo, se trata de una injuria. Se llaman también delitos difamatorios», señaló la fiscal.
El Código Penal argentino establece que la calumnia consiste en la falsa imputación a una persona física determinada de haber cometido un delito concreto y circunstanciado de acción pública. La injuria, en cambio, contempla la conducta de quien intencionalmente deshonra o desacredita a una persona determinada. La normativa también establece excepciones, entre ellas las expresiones referidas a asuntos de interés público.
No todo comentario negativo, cuestionamiento, discusión o publicación crítica constituye automáticamente una calumnia o una injuria. Para determinarlo deben analizarse las expresiones concretas, el contexto en el que fueron realizadas y las demás circunstancias del caso.
Dónde se denuncia un escrache
Cuando una persona considera que fue víctima de alguno de estos delitos, no alcanza con acudir a la Fiscalía para que el Ministerio Público Fiscal impulse la investigación.
«Lo que tienen este tipo de delitos es que son exclusivamente de instancia privada. La Fiscalía no puede intervenir en ese tipo de delitos, sino que la persona damnificada debe ir con un abogado y presentarse como querellante», explicó Blanco.
Calumnias e injurias son delitos de acción privada, según establece el artículo 73 del Código Penal. Es el propio damnificado quien debe impulsar la acción mediante una querella y con asistencia letrada.
«Ahí, para la investigación, se formula la querella con el abogado particular. Vendría a ser como una acusación. Y tienen que pedir a un juez que autorice medidas de investigación», detalló la fiscal.
Las penas previstas actualmente para ambas figuras son multas y no penas de prisión.
En caso de publicaciones anónimas, uno de los objetivos de las medidas de investigación puede ser intentar identificar al autor. «En el caso de las redes sociales, pedirle a Facebook, por ejemplo, que informe la identidad de las personas que hacen la publicación», ejemplificó Blanco.
Sin embargo, obtener esa información no siempre es sencillo. «Lo cierto es que es difícil investigar porque Facebook no contesta todos los oficios judiciales. Por ahí, si son casos graves como homicidios o abusos sexuales sí, pero con causas de este tipo generalmente no responden», explicó.
«Las medidas de investigación son difíciles, más allá de que el juez da auxilio a la querella instruyendo medidas de investigación. Las redes son muy complejas con estas cosas», resumió la fiscal.
Cuándo el daño sale de Facebook y llega al trabajo
Un escrache puede generar un impacto concreto sobre la vida cotidiana de la persona señalada, por ejemplo, si la acusación llega a su ámbito laboral, provoca que pierda clientes o hace que determinadas personas dejen de contratar sus servicios.
En esos casos puede aparecer la posibilidad de reclamar por los daños ocasionados. «Si además por causa de ese escrache tuviste un perjuicio económico porque perdiste el trabajo o dejaron de contratarte, ya se avanza con una causa civil, por el dinero que dejaste de ganar a causa de esto», explicó Blanco.
Frente a una misma publicación podrían aparecer diferentes discusiones jurídicas según sus características y consecuencias. Una cosa es la eventual existencia de una calumnia o injuria y otra, diferente, el perjuicio económico o de otra naturaleza que la difusión haya provocado.
De acusar a pedir que ataquen a una persona
Otro fiscal con amplia experiencia en la administración de Justicia explicó que, dependiendo de las circunstancias concretas, podría comenzar a analizarse otra figura penal: la instigación a cometer delitos.
«Esto pasa cuando en un medio público o red social se escracha a una persona y se incita al resto de las personas a cometer actos de vandalismo contra esa persona o contra su propiedad», explicó.
El artículo 209 del Código Penal contempla una pena de dos a seis años de prisión para quien públicamente instigue a cometer un delito determinado contra una persona o institución, graduada según la gravedad del delito y las circunstancias del caso.
No cualquier comentario agresivo publicado debajo de un escrache configura automáticamente una instigación. Para que la figura pueda ser considerada deben reunirse sus requisitos legales y analizarse específicamente el contenido y las circunstancias de cada publicación.
Robos, estafas, infidelidades y vida privada
El crecimiento de los escraches abre una discusión que excede estrictamente lo jurídico. Las redes sociales borraron buena parte de la distancia que antiguamente existía entre un conflicto privado y su exposición pública.
No todas las publicaciones tienen la misma naturaleza. No es lo mismo advertir sobre un hecho, formular una denuncia ante las autoridades o realizar una crítica que atribuir falsamente a una persona determinada la comisión de un delito. Tampoco tiene la misma dimensión una discusión sobre un asunto de interés público que la exposición de aspectos estrictamente íntimos de la vida de una persona.
En Comodoro Rivadavia actualmente conviven todos esos escenarios. Hay publicaciones en las que se acusa directamente a determinadas personas de cometer robos o estafas. Otras exponen supuestos hechos de violencia o abuso. También están aquellas que identifican a hombres y mujeres en conflictos sentimentales y las que directamente muestran a mujeres de la ciudad acusándolas de mantener determinadas relaciones sexuales o de comercializar contenido erótico.
Alrededor de cada publicación aparece un segundo fenómeno: los comentarios. Personas que no conocen directamente a ninguno de los involucrados opinan, replican acusaciones, agregan datos, comparten fotografías o llevan el contenido hacia otros espacios.
El escrache no reemplaza la denuncia
Cuando una persona denuncia formalmente un delito se activa un sistema institucional destinado a determinar qué ocurrió. Existen autoridades encargadas de investigar, producción de pruebas, derecho de defensa y, eventualmente, una decisión judicial. Una publicación en una red social no atraviesa ninguno de esos filtros antes de llegar al público.
La acusación aparece primero y la discusión sobre su veracidad llega después. Ese funcionamiento resulta particularmente sensible cuando lo que se atribuye son delitos graves, porque para los usuarios que observan la publicación puede resultar difícil determinar si detrás de lo escrito existe una denuncia judicial, una investigación en curso, una sentencia o solamente la versión de quien decidió publicar.
La velocidad de las redes también juega su propio papel. Para cuando la persona expuesta consigue responder, desmentir una acusación o intentar eliminarla, la publicación original puede haber sido vista y compartida cientos de veces.
Borrar una publicación no necesariamente significa borrar sus consecuencias. Las capturas de pantalla pueden permanecer guardadas en teléfonos, conversaciones privadas y otros grupos. Pueden volver a publicarse meses después o aparecer cada vez que alguien busca información sobre determinada persona.
Las herramientas legales existen, aunque el camino puede ser complejo, especialmente cuando quien realizó la publicación permanece en el anonimato. Calumnias e injurias son delitos de acción privada y requieren que la propia persona damnificada impulse una querella. Si además existe un daño económico, pueden analizarse vías civiles. Y cuando la publicación avanza hacia la instigación pública a cometer delitos contra alguien o sus bienes, la situación puede ingresar en otro terreno penal.
Mientras tanto, las redes siguen funcionando a una velocidad muy diferente de la Justicia. Publicar una fotografía, escribir un nombre y formular una acusación puede llevar apenas unos segundos. Determinar quién publicó, establecer si aquello era falso, demostrar el daño ocasionado y obtener una respuesta judicial puede demandar mucho más tiempo.