El jefe de la División Cibercrimen de la Policía del Chubut, Kevin Di Cicco, explicó qué datos pueden aportar las plataformas ante un requerimiento judicial y qué publicaciones pueden constituir delito.
El jefe de la División Cibercrimen de la Policía del Chubut, Kevin Di Cicco, afirmó que el uso de perfiles falsos en redes sociales no garantiza anonimato ni impunidad frente a una investigación penal. Lo hizo durante una entrevista con Seta TV.
«Estar atrás de un teléfono o de un teclado no te garantiza el anonimato ni la impunidad ante conductas delictivas», sostuvo Di Cicco.
Qué datos pueden dejar los perfiles falsos
Según explicó el funcionario, las plataformas almacenan información vinculada con las cuentas, como el número de teléfono asociado y la dirección IP desde la cual se realizaron las conexiones. Esos datos pueden resultar relevantes para una investigación.
«Técnica e informáticamente siempre hay distintas formas de llegar a la persona», afirmó Di Cicco.
Cuándo una publicación en redes puede convertirse en un delito
El jefe de Cibercrimen diferenció entre una publicación o denuncia realizada en redes y aquellas conductas que pueden configurar un delito. Mencionó casos de calumnias, injurias, amenazas y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, conocida como «pornovenganza». La existencia de un perfil falso no modifica la eventual responsabilidad penal si el contenido encuadra en alguna de esas conductas.
Qué información pueden entregar Facebook e Instagram
Di Cicco explicó que las empresas propietarias de las plataformas pueden aportar información de sus usuarios cuando existe un requerimiento formal de la Justicia. En particular, señaló que Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— puede ser requerida para proporcionar información asociada a una cuenta en el marco de una investigación.
«No es que cualquier persona puede ir a Facebook a pedir datos», aclaró el funcionario. Según explicó, las plataformas manejan esa información bajo sus propios procedimientos y la entrega a las autoridades requiere un pedido formal de un juez o un fiscal.
De esta manera, elementos como direcciones IP, datos asociados a una cuenta y otros registros pueden convertirse en evidencia para intentar establecer quién realizó una determinada publicación.
El debate sobre la identidad digital
Durante la entrevista, Di Cicco también se refirió a los cambios regulatorios que distintos países están impulsando frente al crecimiento de las redes sociales y los problemas vinculados con la identidad de los usuarios.
Mencionó como ejemplo iniciativas desarrolladas en Australia y Reino Unido, orientadas a reforzar los mecanismos de verificación de edad e identidad en determinados servicios digitales. Según explicó, algunas regulaciones avanzan hacia sistemas en los que los usuarios deberán acreditar su identidad mediante documentación oficial, de manera similar a los procesos de validación utilizados por bancos o billeteras virtuales.
El objetivo, de acuerdo con el planteo expuesto por el jefe de Cibercrimen, es que las plataformas puedan determinar quién está detrás de una cuenta y verificar, entre otras cuestiones, si se trata de un adulto o un menor.
En este escenario, el crecimiento de las herramientas de identificación y los requerimientos judiciales apunta a reducir el margen para utilizar las redes sociales como un espacio completamente anónimo.