La Justicia de Esquel dispuso seis meses de prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y violencia de género. La decisión se tomó en una audiencia de formalización de la investigación. El imputado negó los hechos.
La Justicia de Esquel dictó seis meses de prisión preventiva para un hombre acusado de golpear, encerrar y abusar sexualmente de una mujer. La decisión fue tomada durante una audiencia de formalización de la investigación, en la que el Ministerio Público Fiscal expuso una serie de hechos ocurridos entre el 5 y el 6 de octubre.
El imputado enfrenta acusaciones por amenazas, lesiones agravadas por el contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y desobediencia judicial.
La Fiscalía sostiene que el episodio comenzó el 5 de octubre por la tarde, cuando el hombre habría concurrido al domicilio de la víctima pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia el 19 de septiembre. Según la acusación, posteriormente ambos se trasladaron hasta la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Ceferino de Esquel.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por los investigadores, durante la madrugada del 6 de octubre el hombre agredió físicamente a la mujer y cerró con llave la puerta de la vivienda para impedirle salir. La acusación también sostiene que, mientras permanecía retenida contra su voluntad, la víctima fue sometida sexualmente pese a expresar su negativa. Además, el imputado habría recurrido a amenazas y a referencias a posibles autolesiones para evitar que ella pidiera ayuda o denunciara lo sucedido.
La mujer habría logrado escapar durante la tarde del 6 de octubre, cuando el acusado salió momentáneamente de la casa para pedir agua a un vecino. Estos hechos forman parte de la hipótesis que deberá investigarse durante el proceso judicial y que el hombre negó durante la audiencia.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Bottini, el procurador de fiscalía Ismael Cerda y el funcionario Mauro Beloqui, solicitó la formalización de la investigación preparatoria y seis meses de prisión preventiva. Entre los argumentos expuestos, señaló que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que consideró necesario mantener al imputado detenido mientras avanzan las medidas de prueba.
Para fundamentar el pedido, la Fiscalía cuestionó el arraigo del acusado, al señalar que no tendría empleo formal y que habría residido anteriormente en distintas localidades, entre ellas Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Tecka y Bahía Blanca. También mencionó la gravedad de la pena que podría corresponder en caso de una eventual condena y la conducta que, según la acusación, habría mantenido durante el procedimiento de allanamiento.
Otro de los elementos presentados fue un informe interdisciplinario del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que estableció un nivel de riesgo alto para la denunciante, con un puntaje de 37. La evaluación fue considerada por la Fiscalía para sostener que era necesario adoptar medidas que resguardaran su seguridad e integridad durante el desarrollo de la causa.
La defensa cuestionó el pedido de prisión preventiva y propuso como alternativa que el imputado cumpliera arresto domiciliario en Tecka. El hombre también hizo uso de la palabra durante la audiencia y negó que los hechos hubieran ocurrido de la manera expuesta por la Fiscalía. Además, sus representantes solicitaron distintas medidas de prueba para respaldar su postura.
Al resolver, el juez hizo lugar al planteo fiscal y dispuso seis meses de prisión preventiva. Entre los fundamentos, valoró la existencia de elementos iniciales que consideró compatibles con el relato de la víctima, entre ellos la constatación médica de lesiones y las verificaciones realizadas en la vivienda sobre los mecanismos de cierre del inmueble.
El magistrado también tuvo en cuenta los riesgos procesales, el arraigo cuestionado por la Fiscalía, la gravedad de la pena en expectativa y el presunto incumplimiento de la prohibición de acercamiento. En relación con la alternativa propuesta por la defensa, concluyó que un arresto domiciliario en Tecka no ofrecía garantías suficientes para neutralizar los riesgos identificados para la denunciante.
Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.