El Observatorio de Tierras rastreó la cuenta que publicó un campo en Alto Río Pico con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico. La investigadora Julieta Caggiano señaló que la secuencia de fechas coincide con los diez días en que la Corte Suprema dejó sin efecto la protección de la normativa.
El Observatorio de Tierras reunió una serie de pistas sobre la oferta de un campo de 2.943 hectáreas en Chubut, publicada durante el período en que quedó suspendida transitoriamente la protección de la Ley de Tierras. La investigación, anticipada por ADNSUR el 13 de octubre pasado, apunta a una cuenta de una inmobiliaria rural creada pocos días antes de un fallo de la Corte Suprema y su posible vinculación con una firma de mayor trayectoria en Esquel.
En diálogo con Actualidad 2.0, Julieta Caggiano, doctora en Estudios Territoriales e investigadora del CONICET, explicó los alcances del caso. El establecimiento, ubicado en Alto Río Pico, se promocionaba con lago privado, laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico, características contempladas entre las restricciones de la normativa.
“Nosotros, cuando señalamos los peligros del fallo de la Corte, esta ventana temporal que dejaron de diez días, no lo hacemos por ser alarmistas, sino porque específicamente abre la posibilidad a situaciones como esta, que en esos diez días se vendan tierras que estaban protegidas por la Ley de Tierras”, sostuvo Caggiano.
La investigadora aclaró que no pueden afirmar que se haya concretado una operación ni demostrar que los responsables de la publicación tuvieran información anticipada sobre las decisiones judiciales. Sin embargo, consideró llamativa la secuencia de fechas y advirtió que tampoco existen mecanismos claros para reconstruir qué pudo haber ocurrido durante ese intervalo.
Una cuenta nueva y una conexión con Esquel
La primera publicación de Loma Alta Propiedades apareció el 26 de septiembre, tres días antes del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre que dejó sin efecto la protección cuestionada de la Ley de Tierras. El 30 de septiembre, durante el período de suspensión, la cuenta difundió la oferta del campo en Alto Río Pico. El 3 de octubre publicó además una serie de contenidos dirigidos a potenciales inversores extranjeros, con referencias a las condiciones legales para comprar tierras en la Patagonia.
“Las inmobiliarias rurales no son tantas las que ofrecen tierras al extranjero. Esta publicación está hecha en español y en inglés. Y al estar creado el perfil tres días antes, nosotros creemos que pueden haber tenido información privilegiada, por supuesto, porque da mucha casualidad”, señaló Caggiano. La investigadora fue cuidadosa al distinguir la sospecha de una prueba: “No lo podemos afirmar, por supuesto”.
El Observatorio también rastreó quién figuraba detrás de la cuenta. Según explicó Caggiano, al buscar información sobre Loma Alta Propiedades encontraron que el perfil no aparecía registrado con ese nombre y que la información disponible en plataformas inmobiliarias conducía a un corredor vinculado con otra firma de Esquel, de mayor trayectoria. Para Caggiano, también llamó la atención que la cuenta ofreciera asesoramiento específico a quienes quisieran comprar tierras en el nuevo escenario normativo. “Decía, bueno, ahora que se puede comprar, nuestro equipo te asesora en cómo hacerlo”, describió.
El problema de saber qué pasó durante los diez días
La preocupación del Observatorio no se limita a la oferta de Chubut. Caggiano contó que, después de difundir el caso, encontraron otra publicación similar en Salta, lo que refuerza para el organismo la necesidad de revisar posibles operaciones en otras provincias. “Por ejemplo, a cualquier escribanía como ésta, dejar unas hojitas en blanco en estos días de la ventana temporal también, y consolidar derechos de propiedad sobre tierras que protege la Ley de Tierras”, planteó, al describir una de las posibilidades que, según advirtió, deberían investigarse.
La hipótesis apunta a la dificultad de determinar cuándo se iniciaron o formalizaron determinadas operaciones si luego se pretendiera establecer que se realizaron durante el período en que las restricciones habían quedado desplazadas, según el riesgo que la investigadora asocia con la falta de controles durante ese intervalo. “Esa ventana legal deja sin protección a esas tierras, pero tampoco obliga a informar nada. Nosotros no tenemos ninguna chance de pensar en, bueno, ¿qué pasó efectivamente en esos diez días? ¿A quién le pedimos la información?”, cuestionó.
La especialista también advirtió que la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 había debilitado el sistema de registro y seguimiento de las propiedades rurales en manos extranjeras. En ese sentido, sostuvo que los datos oficiales deben leerse como un piso y no como una descripción completa del fenómeno. “Sabemos que tiene un subregistro”, afirmó. Entre los factores que mencionó figuran los cambios normativos introducidos en 2016, que modificaron el mecanismo de autorización y registro de las adquisiciones, además de las dificultades para identificar operaciones realizadas mediante intermediarios.
Por qué el promedio provincial no alcanza
Durante la entrevista, Caggiano cuestionó que el debate sobre la extranjerización de tierras se limite a los porcentajes provinciales. La Ley de Tierras estableció un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia, pero también contempla límites por departamento y restricciones vinculadas con la ubicación y las características de los establecimientos. “Uno no puede pensar en términos de promedios provinciales porque tenemos ahí adentro territorios mucho más valiosos que otros, los que tienen agua potable, por ejemplo”, explicó.
La investigadora señaló que existen departamentos donde el nivel de extranjerización supera el límite nacional, aunque el porcentaje total de la provincia permanezca por debajo del 15%. En Chubut, mencionó el caso de Corcovado como uno de los distritos que exceden ese umbral. Por eso cuestionó la posibilidad de elevar el límite provincial al 25%, una alternativa que se había discutido en el marco de la reforma impulsada por el Gobierno nacional y que podría ser retomada por el oficialismo. A su juicio, un porcentaje más alto podría habilitar una concentración mayor en zonas específicas, incluso si el promedio provincial continuara dentro del máximo permitido. “Vos podés poner el 25% provincial, pero que un departamento, los que están justo con lagos o a la vera de los ríos, estén al 80% extranjerizados”, advirtió.
Una ventana que se abrió horas antes del viaje a París
La investigadora también cuestionó el momento en que se produjo el primer fallo de la Corte, un día antes del viaje del presidente Javier Milei a París junto con gobernadores para promover inversiones. A su entender, la coincidencia expone la tensión entre la búsqueda de capitales y la protección de recursos territoriales. “No es que son las grandes inversiones que vengan, un capital extranjero a hacerse de tierra con un lago adentro. ¿Cuál sería el beneficio para la población argentina de eso?”, planteó.
La preocupación, insistió, no pasa solamente por la superficie que pueda quedar en manos extranjeras, sino también por el acceso al agua y a otros recursos naturales. “Lo que hace es poner el cartel de venta en nuestros territorios”, concluyó.